Estas son algunas de las principales conclusiones de las acciones legales emprendidas por la Business Software Alliance (BSA), el pasado año. En concreto, la institución recibió más de 3.300 denuncias por el uso de software sin licencia en las empresas españolas, de las cuales un total de 2.270 resultaron en acciones legales en este territorio.

En nuestro país, la acción más llamativa llevada a cabo por la BSA fue una investigación realizada en la sede de la empresa de ingeniería Cemosa, que además de adquirir las licencias de programas necesarias para continuar con su actividad, aceptó compensar a las compañías de software perjudicadas con un coste total, entre indemnización y legalización, de 562.000 €. 

 "Estas cifras ponen de relieve los grandes riesgos legales y económicos a los que se exponen las empresas usando software sin licencia.  El hecho de que una empresa se vea obligada a indemnizar por daños y perjuicios, además de tener que pagar por las licencias de uso que debería haber adquirido en su momento, puede llegar a poner en peligro su viabilidad", comenta Carlos Pérez, socio de Ecija, la firma legal de BSA en España.

Hay que recordar además, otra serie de problemas derivados del uso de software sin licencia como la pérdida de datos, fallos críticos del sistema de TI de la empresa o la mayor exposición de los equipos informáticos a ataques de virus y malware. Sin olvidar el deterioro de la imagen pública de la compañía, algo que puede mermar considerablemente su negocio.