Asimelec ha expresado la necesidad de que se cumplan los plazos de pago que establece la Ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, aprobada a finales del año 2004, ya que esto ayudaría a solventar las dificultades de tesorería y de rentabilidad que padecen muchas empresas en el sector TIC español. El no cumplimiento de los plazos y la actual situación económica de recesión “puede perjudicar de manera extrema a la competitividad de muchas empresas de nuestro sector, ya que el diferencial con Europa es mucho más amplio y debilita la salud económica de nuestras compañías, debido a la gran necesidad financiera que precisan", comenta José Pérez, director general de la patronal.

La Ley de 2004 establecía períodos de pago de 30 días para las empresas y de 60 días para las Administraciones Públicas, pero según la patronal no se ha detectado que los efectos que perseguía esta Ley haya tenido impacto en numerosas empresas. El principio de libertad de pactos que incluye la misma Ley, en concordancia con el artículo 1255 del Código Civil, “ha servido de excusa para amparar abusos de derechos y cláusulas abusivas que algunas empresas incluyen en sus contratos y que se traducen en plazos más amplios o tipos de interés de demora inferiores a los previstos por la Ley”.

La patronal también resalta que muchas empresas que padecen plazos de pago de más de 180 días, no reclaman o denuncian estas practicas abusivas por temor a perder negocio o causar malestar a sus clientes. Estas situaciones pueden tener su origen en el desequilibrio de fuerzas negociadoras, en el que la parte más fuerte aprovecha su condición dominante para imponer aplazamientos o estipulaciones abusivas.