Según la Guardia Civil, cerca de 350 personas han podido quedar afectadas por este fraude. Entre los detenidos, 115 empleados de una empresa que comercializaba los productos de telefonía de una empresa del sector, los cuales falsificaban firmas de usuarios o bien los engañaban para tramitar las solicitudes de cambio de operador.

Las investigaciones comenzaron hace un año debido a personas que no eran conscientes de esta contratación. De manera paralela, se presentó una denuncia ante el Juzgado de Guardia de Barcelona, interpuesta contra la compañía de telefonía que le reclamaba una facturación por el servicio realizado por un cambio de operador no autorizado.

Ante esta denuncia, la empresa suministradora del servicio interpuso una querella contra la empresa encargada de la comercialización de sus productos y puso a disposición del Juzgado 851 contratos de preasignación telefónica, tramitados entre los años 2003 y 2004 y que podrían haber sido falsificados sin su conocimiento.

De los afectados, la mayor parte son personas de avanzada edad, observando que parte de los contratos analizados son irregulares.

Los imputados en este caso captaban a los clientes y les solicitaban alguna factura de la compañía telefónica con la que tuviera contrato con el objetivo de disponer de los datos necesarios para realizar el cambio de operadora. A renglón seguido, o bien optaban por falsificar las firmas o bien engañaban para que firmaran con el pretexto de que no tendría ninguna repercusión en su factura.

Las provincias en las que se han desarrollado las investigaciones son Barcelona, Tarragona, Lérida, Girona, Madrid, Zaragoza, Cáceres, Badajoz, Islas Baleares, Valencia, Toledo, Navarra, Castellón, Alicante, Burgos, Córdoba, La Rioja, León, Huesca, Guadalajara, Valladolid, Teruel, Cuenca, Segovia, Málaga, La Coruña, Jaén, Ciudad Real y Cantabria.