Para ello, el gobierno dispondrá del apoyo de las Comunidades Autónomas, obligando a empresas de sectores económicos relevantes a facilitar a los clientes el medio que les permita acceder a información relevante y poder realizar cualquier tipo de transacción, ya sea contractual como ante posibles reclamaciones. Igualmente, los proveedores de servicios de Internet quedarán obligados a informar a los clientes ante riesgos y mecanismos de seguridad en Internet así como herramientas de filtrado de contenidos para la protección de menores.

El anteproyecto establece el uso obligatorio de la factura electrónica en la contratación con la Administración General del Estado y prevé acciones de dinamización de la facturación electrónica. Para ello, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, ha presentado ante el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, que se enmarca en el conjunto de medidas que constituyen el Plan 2006-2010 para el desarrollo de la Sociedad de la información y de convergencia con Europa y entre las Comunidades y Ciudades Autónomas (Plan Avanza).

Por todo ello, la nueva ley contiene un conjunto de medidas para dinamizar el crecimiento de los servicios basados en Tecnologías de la Información, generaliza la extensión y el uso de la banda ancha y permite acelerar una mayor integración de nuestro país en la Sociedad de la Información.

Entre los principales aspectos de esta Ley hay que señalar la predisposición del gobierno para alcanzar el cien por cien de la cobertura total de la población en cuanto a disponibilidad de banda ancha para cualquier usuario, con independencia del tipo de tecnología utilizada en cada caso y siempre a precios razonables.

Respecto a los ISP, la ley señala que deberán informar a sus clientes sobre los medios técnicos que permitan la protección frente a amenazas como virus y programas espía, spam y correos nocivos para la juventud y la infancia.

Sobre la firma electrónica, se llevará a cabo mediante dos medidas. Por un lado la clarificación de las reglas de valoración de la firma electrónica en juicio; y, por otro lado, la flexibilización de la obligación de los prestadores de servicios de firma electrónica de comprobar los datos inscritos en registros públicos.