Estas detenciones están relacionadas con la comisión de delitos de phishing, pharming, difusión de virus, fraude en subastas online y comercio electrónico, robo de datos, cracking, robo de identidades y ofertas de trabajo falsas.

Cinco de los detenidos están implicados en una estafa de más de 15 millones de euros que prometía grandes beneficios a corto plazo a cambio de una inversión en capital cuyo destino eran treinta cuentas de diferentes entidades financieras.

Entre los afectados por este fraude se encuentran habitantes de múltiples provincias españolas; en concreto, Málaga, Cádiz, Palma de Mallorca, Valencia, Alicante y Badajoz.