Los consumidores y consumidoras españolas están de enhorabuena. El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la Ley de Consumidores que aboga por una economía circular y lucha por la mayor durabilidad de los dispositivos electrónicos.

Entre otras estrategias para darle más vida a los productos, la nueva normativa de consumo dictamina que estos deberán tener una garantía de tres años (y no dos como hasta ahora) y que los fabricantes deberán disponer de piezas de repuesto durante 10 años.

Esto es todo lo que debes saber sobre la nueva medida.

¿Qué es el “derecho a reparar”?

El concepto del “derecho a reparar” nace para luchar contra la obsolescencia programada que la mayoría de dispositivos electrónicos tienen para que, tras relativamente pocos años de uso, dejen de funcionar y te veas obligado a comprar uno nuevo.

De esta manera, el derecho a reparar podría definirse como el derecho de todo ciudadano a poder arreglar un dispositivo, ya sea por sí solo o llevándolo a una tienda especializada en reparaciones, y así evitar la acumulación innecesaria de desechos electrónicos.

En marzo, la Unión Europea daba un paso más para defender ese derecho con la aprobación de una nueva ley que aseguraba la reparación de electrodomésticos y otros productos electrónicos durante sus primeros 10 años de vida.

Eso obliga a todos los fabricantes que operen dentro de la Unión Europea a disponer de piezas de reemplazo durante una década. Las empresas electrónicas también están obligadas a incluir manuales explicando cómo reparar con herramientas convencionales.

Ley de Consumidores España

¿Cuándo entrará en vigor la nueva normativa de consumo?

Este martes 27 de abril, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley ómnibus que modifica la Ley de Consumidores actual. No obstante, y según el Ministerio de Consumidores, la nueva normativa no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2022.

Puntos claves de la nueva Ley de Consumidores

La nueva normativa de consumo tiene por objetivo “lograr patrones de consumo más sostenibles” y supone “un paso más en la estrategia de economía circular”. La idea es darle a los ciudadanos ese derecho a reparar y que se evite el consumismo excesivo.

3 años de garantía para productos electrónicos

Hasta ahora, el plazo de garantía al que estaban obligados los fabricantes y las tiendas era de dos años. Estos debían llegar a un acuerdo para ofrecer estos dos años obligatorios, siendo habitual que el fabricante ofreciera el primero y las tiendas cubrieran el resto.

Ahora bien, con la aprobación de la nueva normativa, esta garantía obligatoria se extiende hasta los tres años: este será el tiempo que el consumidor no deberá pagar por reparar cualquier defecto que venga de fábrica.

Además, los consumidores podrán elegir si prefiere la reparación o la sustitución directamente de ese producto que ha dado algún fallo técnico o no ha conseguido durar en buenas condiciones durante los primeros tres años.

Obviamente, hay ciertos problemas que ni la garantía cubrirá. Quizás te interese leer nuestro artículo sobre qué hacer cuando tu ordenador no funciona o cómo arreglar un ordenador de forma remota.

2 años de garantía para servicios digitales

Por primera vez, la normativa también incluye una garantía mínima para la contratación de servicios digitales, incluso aquellos que no son de pago sino que se obtienen solo a cambio de que los consumidores den sus datos personales.

En este caso, la garantía obligatoria no es de 3 años, sino de 2. Se incluyen tanto las redes sociales como los programas informáticos, las aplicaciones, los videojuegos digitales, los libros electrónicos y cualquier archivo de música, audio y vídeo. No se incluyen los programas de código abierto.

Ley de Consumidores España

10 años de reparaciones

Además de la extensión de la garantía, la reforma de la ley también contempla que los fabricantes tengan recambios para sus productos durante sus primeros diez años de vida. Eso es el doble de lo obligatorio hasta ahora.

Esta medida, en la línea de la ley europea, responde especialmente a ese deseo de luchar contra la obsolescencia de los productos electrónicos, así como reducir el impacto que los desechos de este tipo producen en el medio ambiente.

Falta de conformidad contractual ampliada

La nueva ley prevé un incremento del tiempo en el que un usuario puede ejercer sus derechos como consumidor. En este sentido, tiene cinco años (y no tres) para poder hacerlo si no estás conforme con el servicio ofrecido.

Por otro lado, también se ha extendido el plazo de inversión de la carga de la prueba para acreditar esa falta de conformidad con lo acordado. Dependiendo del objeto contractual, este será ahora de uno o dos años (y no seis meses como hasta ahora).

Obviamente, todos estos cambios también afectan a Apple.