Las presuntas prácticas de espionaje a países europeos realizadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos siguen generando consecuencias.

En el caso de España, y tras publicar El Mundo que Estados Unidos obtuvo datos referentes a más de 60 millones de comunicaciones realizadas entre diciembre de 2012 y enero de este año, el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha autorizado a la Fiscalía de Delitos Informáticos a abrir diligencias informáticas sobre dichas prácticas.

José Manuel Garcia-Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores, ya aseguró ayer que de confirmarse las escuchas se rompería “el clima de confianza” existente entre los dos países. Eso sí, un día más tarde, el Ministro destacó que España y Estados Unidos “trabajan muy estrechamente en materia de seguridad” ya que en algunos temas “nuestras posiciones son las mismas”, tal y como publica Reuters.

Cabe recordar que, de confirmarse las escuchas telefónicas, Estados Unidos habría cometido un delito ya que en España el secreto de las conversaciones telefónicas es un derecho fundamental y hay que justificar con indicios concretos previos la razón de las escuchas, que deben ser valorados por un juez.

La intención de la Fiscalía con esta investigación es conocer si se cometió un delito y si éste es competencia de España.