A principios de esta semana, el Ministerio de Justicia admitía que había perdido información de 45.000 personas en todo el año, almacenada en ordenadores portátiles, dispositivos de seguridad externos y documentos y que 30.000 no se habían notificado. A pesar de ello, el Ministerio aseguraba que “había un programa dedicado de garantía de la información” para mejorar la seguridad de los datos.

Un incidente que se producía poco después de que el Ministerio del Interior anunciara que había extraviado los datos de 30.000 temporeros del campo en dos CDs sin cifrar.

En mayo, el Ministerio de Transporte perdía la información de 3 millones de conductores noveles. Por su parte, el ministerio de exterior protagonizaba otros cinco incidentes de pérdida de información, que afectaban a 190 personas.

En enero, el Ministerio de Defensa confesó que había perdido un portátil con información de 620.000 nuevas contrataciones y posibles candidatos, e información relativa a 450.000 referencias para vacantes. La situación se agrava cuando tras la inversión de 12.700 millones de libras por parte del ejecutivo para migrar todos los historiales médicos del Sistema Nacional de Salud (NHS) a un ordenador central: en junio, dos centros del NHS extraviaban portátiles sin encriptar que almacenaban 31.000 historiales médicos. Un mes antes, se perdían otras 38.000 historias que se guardaban en una cinta, tras ser enviada por correo postal por el centro de atención primaria de la Isle de Wight.

El Comisario de Información, Richard Thomas, afirma que ellos informan de forma periódica sobre el tratamiento que hacen de la información. Además, dijo dar la bienvenida al informe del Comité de Asuntos Internos, que insta al gobierno a parar la creación de enormes bases de datos de ciudadanos sin antes demostrar que son realmente necesarias.

Los demócratas liberales han exigido la creación de los llamados ‘guardianes de la información’ para controlar cómo trata el Gobierno estos datos. El actual ministro de protección de la información, Michael Wills, debería tener más influencia sobre el gobierno central, puntualizan. Además, critican el “desesperante clima de falta de respeto por la seguridad de la información personal”, y reclaman que se doble el presupuesto del Comisario de la Información y se implementen legislaciones más duras sobre la protección de la información.