Nueva Ley de Servicios Digitales (DSA). Seguramente, si sigues las noticias, habrás escuchado hablar de este acuerdo político que se presentó en diciembre de 2020 en el Parlamento Europeo. Finalmente, dos años después, esta nueva ley ha sido aprobada.  

Ahora que Elon Musk es dueño de Twitter y que parece que la red social podría cambiar bastante en relación a temas como una supuesta libertad de expresión mal entendida, esta nueva ley llega a la Unión Europea como agua de mayo.  

Es una ley que tiene mucho que ver con el contenido online y determinadas acciones en Internet. Por ello, hoy que vivimos en un mundo en que la gran red nos acompaña allá donde vayamos, es normal que nos preguntemos si la Ley de Servicios Digitales puede afectarnos en algo.  

A continuación te contamos: en qué consiste esta ley realmente, a quién le puede afectar, qué es ilegal ahora y barajamos si la DSA puede realmente ser una barrera ante la libertad de expresión o, precisamente, todo lo contrario.  

¿En qué consiste exactamente la Ley de Servicios Digitales? 

Empecemos por lo más importante, es decir, explicar en qué consiste esta ley. Para que te hagas una idea, los puntos clave son los siguientes: 

  • Proteger a los usuarios y usuarias de Internet 
  • Establecer normas para la responsabilidad de las plataformas online respecto a  contenidos ilegales  
  • Más transparencia para las grandes empresas sobre sus algoritmos y datos recopilados 
  • Más responsabilidad para las grandes empresas sobre contenido ilegal como incitación al odio y, ambién, sobre la desinformación 

Esto quiere decir que la UE pretende regular las actividades de empresas online para que sus usuarios y usuarias puedan estar más protegidos/as cuando hacen uso de Internet. Esto englobará una serie de medidas contra los productos, servicios y contenidos ilegales. Por otro lado, son las empresas las que tendrán más responsabilidad legal para que esa protección se cumpla.  

¿A quién afecta la Ley de Servicios Digitales y cómo? 

Afectará a cualquier usuario de Internet, ya sea un particular o una empresa. Sin embargo, los primeros nos veremos más protegidos y los segundos serán los que tengan que trabajar en una mayor responsabilidad. Cuando decimos empresas, nos referimos a las grandes del mundo online sobre todo, como por ejemplo: Meta (Facebook e Instagram), Amazon o Google.  

¿En qué les afectará? Lo primero, las grandes empresas tendrán también que pasar por auditorías anuales así como proporcionar acceso a los datos que recopilan en sus plataformas a terceras partes dedicadas a la investigación. Esto quiere decir: más transparencia en la información que recopilan.  

Por otro lado, los famosos y misteriosos algoritmos, esos que todo influencer o profesional de la comunicación online lucha por dominar, deberán ser también accesibles por las autoridades. El motivo tiene que ver con el poder garantizar un mayor nivel de escrutinio y poder rendir cuentas en caso de que ese algoritmo pase por alto delitos de odio o cualquier otro tipo de contenido ilegal. 

Claudia Prettner, asesora jurídica y sobre políticas en Amnesty Tech, explica a la perfección en el siguiente párrafo la esencia de esta Ley:  

“Nuestros datos de carácter más íntimo llevan mucho tiempo instrumentalizándose para menoscabar nuestro derecho a la privacidad, intensificar la desinformación, avivar el racismo e, incluso, influir en nuestras propias ideas y opiniones. La LSD protegerá por fin a la ciudadanía europea contra la recolección de datos intrusiva y los anuncios que utilizan la información personal —como las creencias religiosas, la opinión política o las preferencias sexuales— de formas que nunca hubiéramos imaginado ni deseado.” 

¿Qué convierte esta nueva ley en ilegal? 

Esas grandes empresas digitales (porque las medidas tendrán más peso o menos en función del tamaño de la empresa) tendrán responsabilidad sobre la propagación de contenido ilegal. Deberán de tener establecidos procedimientos claros para su retirada en caso de que esto suceda. 

La Ley de Servicios Digitales pretende que lo que es ilegal offline sea ilegal también online.  

Será ilegal no moderar el contenido de plataformas como Facebook o Instagram, algo que ya se hace, aunque es bien sabido por sus usuarios que esa moderación no suele funcionar de forma demasiado precisa. Pues bien, ahora, las empresas podrían tener que pagar las consecuencias de no ejercer una moderación adecuada de los contenidos publicados en sus plataformas digitales.  

Por otro lado y, en referencia al aspecto anterior, las empresas digitales deberán moderar también contra la desinformación. Y sobre todo, tener responsabilidad al respecto. Al fin y al cabo, la desinformación puede tener efectos muy nocivos en nuestra sociedad.  

Gracias a esta Ley, queda prohibido el uso de datos de menores para ofrecerles anuncios personalizados. Una medida que pretende proteger a los usuarios más jovenes de Internet. Al fin y al cabo, tal y como Prettner explicaba sobre la instrumentalización de nuestros datos íntimos, hay que tener en cuenta que si la publicidad puede ser una forma de manipulación, los y las menores de edad deberían de quedar alejados de ella.  

Por otro lado, ahora, los usuarios y usuarias podrán reclamar indemnizaciones por daños y perjuicios si son usuarias de servicios online.  

¿Afecta la Ley de Servicios Digitales a la libertad de expresión? ¿Era necesaria esta ley? 

Cuando se habla de regulación de contenidos, parece que los grupos sociales más neoliberales se llevan las manos a la cabeza mientras gritan: “¡Censura!”. Sin embargo, es esencial entender que para que la libertad de expresión pueda funcionar correctamente, es necesario respetar otros derechos fundamentales, como el que se respete tu derecho al honor o tu propia integridad. Es bien sabido que el discurso del odio atenta contra derechos fundamentales de determinadas personas, por ello, para que la libertad de expresión funcione correctamente, debe ser regulada.  

Fue un debate muy similar al que se abrió cuando Twitter decidió cerrar la cuenta de Donald Trump tras el asalto al Capitolio a principios de 2021.  

Otro debate que se abre gracias a la Ley de Servicios Digitales es también el del derecho a comunicar y recibir información veraz, derecho recogido por la Constitución Española.  

Cuando se redactó ese apartado de la Constitución, seguramente no se sabía todavía que Internet iba a convertirse en una fuente principal de información para una gran mayoría.  

Así que, mientras que los medios de comunicación ven regulado de forma legal su contenido para, de este modo, garantizar ese derecho que tiene la ciudadanía a recibir una información veraz, las redes sociales y otras plataformas digitales quedaban menos reguladas.  

La desinformación, o esa avalancha de fake news de la que se acaban aprovechando ciertos partidos políticos, puede tener efectos muy nocivos para nuestra sociedad. Ese flujo de información sin contrastar y muchas veces falsa nos convierte en individuos mucho más susceptibles psicológica y socialmente a la manipulación.  

Si nuestra sociedad se convierte en una masa de individuos manipulables, ¿qué sentido tendría entonces la democracia? Por ese motivo, el poder recibir información veraz es un derecho. Y, por este mismo motivo seguramente, la Unión Europea se ha dado cuenta de que debía de empezar a intervenir, regular y hacer que las empresas de plataformas digitales empiecen a entenderse como entes responsables del contenido que se publica en las mismas. Al fin y al cabo, Internet se ha convertido para muchas personas en la fuente de información más importante en su día a día.  

Seguramente esta es una de las muchas leyes que están por llegar todavía para que Internet y el mundo de las redes sociales se acabe conviertiendo un mundo mucho menos hostil y más justo para todos y todas.