La asociación, que estudia llevar a Telefónica a los tribunales ya que considera que es una subida ‘fraudulenta’, ha presentado estas primeras denuncias ante las autoridades competentes al no haber recibido respuesta de la compañía al requerimiento que le envió el pasado martes para que anule la subida tarifaria.

FACUA reclama a las administraciones que insten a la multinacional española a la paralización de la subida en sus ofertas integradas de servicios de telefonía fija, móvil, televisión e Internet en casa. De no hacerlo, pide la aplicación de multas proporcionales a los beneficios que obtendrá con el incremento tarifario. Según las estimaciones de la asociación, pueden suponer más de 220 millones de euros anuales.

FACUA argumenta que con la subida, Telefónica incurriría en la aplicación de cláusulas abusivas, publicidad engañosa y el incumplimiento de obligaciones contractuales. Así, vulneraría la Ley General de Publicidad, la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y el Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la carta de derechos del usuario de los servicios de comunicaciones electrónicas.

La asociación advierte de que el incremento tarifario anunciado es ilegal ya que Telefónica lleva asegurando desde el lanzamiento de estos servicios que "los precios de Movistar Fusión serán precios finales y para siempre". Así lo hizo, por ejemplo, en el comunicado de presentación que emititó en septiembre de 2012.

La promesa publicitaria lleva realizando Telefónica desde hace dos años y medio tiene valor contractual, subrayaFACUA. Así, no sólo los clientes con contratos de permanencia tienen derecho a reclamar que la multinacional española mantenga las tarifas durante su vigencia. Todos los usuarios de Movistar Fusión pueden exigir al operador que nunca aplique una subida de precios.

Las denuncias se han remitido a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi) del Ministerio de Industria y la Dirección General de Consumo de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, donde Telefónica tiene su sede social.

Casi cuatro millones de afectados

Según FACUA, las ofertas convergentes Movistar Fusión cuentan en la actualidad con 3,7 millones de clientes.

La operadora ha remitido a los usuarios una información, en la que escribe "Le recordamos que en caso de no aceptar las nuevas condiciones podrá ejercer su derecho a resolver su contrato sin coste alguno, llamando gratis al 1004 antes del 5 de mayo de 2015". Sin embargo, la organización de consumidores señala que los afectados no tienen por qué darse de baja, sino que pueden exigir al operador que no suba las tarifas y cumpla tanto con su publicidad como, en su caso, los contratos de permanencia.

Telefónica, según FACUA, tampoco podrá aplicar penalizaciones a los usuarios con permanencias vigentes que pidan la baja después de la aplicación de la subida, ya que el incumplimiento del contrato es causa para resolverlo en cualquier momento de su periodo de vigencia.

En cuanto a las penalizaciones de hasta 190 euros establecidas en los contratos de permanencia de Movistar Fusión, FACUA argumenta que puede exigirse a Telefónica que sea ella la que se las abone a los usuarios por aplicar la subida, en aplicación del principio de reciprocidad en las condiciones contractuales.