Una sentencia dictada por el tribunal de apelación de EEUU ha dado la razón a las compañías de intercambio de software peer-to-peer, y no ha encontrado pruebas de que servicios como Morpheus, Musiccity.com o Grokster infrinjan los derechos de copyright.

La decisión unánime de los jueces establece que estos servicios P2P no son responsables de que los usuarios realicen copias ilegales de archivos musicales o películas a través de sus redes. Por el contrario, los sistemas P2P son, según la sentencia, un sistema que reduce significativamente el coste de distribución y el control centralizado de las redes para compartir contenidos.

La sentencia supone un duro revés para los grupos de presión de la industria audiovisual de Estados Unidos, como la RIAA (Asociación Americana de la Industria de Grabación), la NMPAA (Asociación Nacional Americana de Editores Musicales) o la MPAA (Asociación Americana del Cine), quienes demandaron a las compañías P2P por la supuesta violación de las leyes de propiedad intelectual.

Esta decisión se aleja de la línea prohibicionista que llevó a condenar a Napster en el año 2001 por utilizar sus propios servidores para que los usuarios intercambiaran archivos que violaban la propiedad intelectual. Desde entonces, la tecnología ha evolucionado y los actuales servicios P2P utilizan un sistema de redes descentralizadas por el cual estas compañías no tienen conocimiento directo de que sus usuarios intercambien archivos legales o ilegales, y por tanto su responsabilidad es limitada.

Más culpables potenciales

En contra de esta sentencia, recientemente ha sido aprobada la legislación que amplía la definición de “traspaso ilegal de archivos” a través de Internet, llamada Piracy Deterrence and Education Act of 2004.

Esta nueva ley amplía potencialmente el número de personas que pueden ser imputadas por violar los derechos de autor con la expansión de la definición del término criminal de “quebrantamiento de los derechos de autor”. Además de incluir a las personas que distribuyen libremente archivos de música, entre otros, esta nueva definición incluye a quienes lo hacen conscientemente y haciendo caso omiso de el riesgo que supone un quebrantamiento mayor de esta ley.

Los grupos y asociaciones que se oponen a esta ley opinan que podría condenarl a usuarios de software que no tienen nada que ver con las redes P2P. Los abogados de la asociación P2P United insisten en que la industria discográfica trabaja con fabricantes de P2P con el fin de pagar a los artistas dependiendo del número de descargas que se realicen, como afirma Adam Eisgrau, director ejecutivo del grupo.

Esta ley, que surge de la revisión de una ley ya existente, resulta todavía “muy vaga” y podría aumentar la cifra de delincuentes sólo por los archivos que la gente almacena en sus ordenadores o en sus redes. La máxima pena que impone esta ley es de 5 años de prisión, con multas de hasta 10.000 dólares por violar la ley.