Una mayoría de los parlamentarios ha aprobado esta ley, confirmando así el acuerdo alcanzado el pasado mes de mayo entre el Parlamento y los gobiernos de los 25 estados miembros.

Una vez que esta ley sea trasladada a la normativa nacional, se estandarizarán cuestiones como la recogida y el reciclaje de las baterías y pilas, como los que se encuentran en teléfonos móviles, ordenadores personales y otros dispositivos de consumo. Cabe señalar que, generalmente, cuesta unos 18 meses desde que se aprueba una ley a nivel europeo hasta que todos los gobiernos nacionales la desarrollan a nivel local.

El objetivo de la normativa es reducir considerablemente la cantidad de sustancias dañinas que pierden las baterías utilizadas. Como dato, se calcula que en 2002 se vendieron 158.270 toneladas de baterías en la Unión Europea, entonces compuesta por 15 países.

Así pues, los fabricantes de baterías y las tiendas en las que se entreguen estos productos estarán obligados a deshacerse de las baterías utilizadas, mientras que las nuevas unidades tendrán restringidos los niveles de mercurio y cadmio.

Por su parte, las autoridades públicas deberán facilitar puntos de recogida entre sus vecindarios, mientras que las tiendas de electrónica y otros vendedores de baterías portátiles deberán aceptar la recogida de estos consumibles usados, independientemente de dónde hayan sido adquiridos.

Quizá el punto más conflictivo afecta a los fabricantes de baterías, quienes deberán cubrir el coste de reciclar y eliminar las sustancias que contengan.