El Parlamento debería discutir la proposición de ley con el gobierno irlandés, actual sede de la presidencia europea, y con el cuerpo ejecutivo de la Unión, la Comisión Europea, con el objetivo de intentar alcanzar un borrador para ser votado en marzo por el Parlamento.

Sin embargo, según fuentes cercanas a la Comisión, ésta se resiste a firmar un acuerdo que ampliaría el alcance de la ley a todas las infracciones sobre propiedad intelectual, como patentes, derechos de copia, marcas registradas, etc. La proposición de ley original de la Comisión contemplaba sanciones criminales únicamente en casos de infracciones comerciales como la piratería o la falsificación.

En el momento de su presentación, la propuesta fue considerada insuficiente por la industria discográfica americana, que apuesta por aplicar la ley a infracciones privadas como las que tienen que ver con los sistemas de intercambio de archivos peer-to-peer. El lobby de la industria discográfica y del software presionaron entonces al Parlamento Europeo para que endureciera la ley bajo la supervisión de la parlamentaria Janelly Fourtou, y a finales de 2003 se adoptó la segunda proposición. Fourtou ha sido criticada por su apoyo a la industria discográfica. Se da la circunstancia de que la eurodiputada es la esposa de Jean-Rene Fourtou, presidente ejecutivo de Vivendi Universal, la mayor empresa discográfica del mundo.

La presidencia europea en Irlanda tiene previsto apoyar los planes para ampliar el alcance de la ley, aunque es improbable que acepte medidas sancionadoras de tipo criminal. Irlanda prefiere dejar la capacidad de que los gobiernos europeos elijan si incluir estas medidas sancionadoras. La Comisión Europea, una vez aprobada la ley en el Parlamento, podría forzar la votación por unanimidad de la ley, en lugar de hacerlo por mayoría de dos tercios.

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