De esta forma, la idea sería que se creara una entidad encargada de la recaudación y fiscalización que no estuviera adscrita a ninguno de los sectores posicionados en este tema, es decir, ni a los usuarios y la industria de equipos, que están en contra de su aplicación, ni tampoco al sector de los autores y la industria cultural.

Según el presidente de la asociación, Miguel Pérez Subías, “los interesados serían juez y parte en un tema tan conflictivo como es el canon digital, además de ser un atentado contra la democracia y la inteligencia de todos los usuarios”.

La AUI también ha denunciado ante el Catsi la “falta de transparencia en el proceso” de negociación entre los ministerios de Industria y Cultura, que están acabando de perfilar los aspectos jurídicos que determinarán la aplicación del canon. En este sentido, Pérez Subías ha emplazado a que se considere que las administraciones públicas y las empresas estén exentas de abonar este pago y se introduzca esta excepcionalidad en el reglamento que están elaborando, tal y como ha proclamado el Consejo Asesor de la Unión Europea.