Tres semanas después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto para su posterior tramitación en el Parlamento siguen surgiendo voces en contra. En esta ocasión se trata de la AEPSI (Asociación Española de Proveedores de Servicios de Internet) que denuncia el hecho de que ciertas disposiciones de la LSSI conllevan para este colectivo una desprotección jurídica.

Aunque la AEPSI se muestra a favor de la elaboración de una ley específica que regule los derechos y obligaciones de los agentes de la Sociedad de la Información, considera que algunas responsabilidades y actuaciones administrativas del texto “dificultan e imponen obligaciones desproporcionadas y arbitrarias a las actividades de los ISPs españoles”.

Una de las reivindicaciones de esta asociación consiste en el establecimiento de forma específica de la irresponsabilidad de los ISPs por los contenidos ajenos que transmitan, copian, almacenan o localizan. La AEPSI considera inexplicable el hecho de tener que probar que desconocen la existencia de un determinado contenido o servicio “ilícito” y del deber de actuar “diligentemente” para retirar o imposibilitar el acceso a esos datos. Otros puntos de la LSSI en los que la AEPSI se muestra en desacuerdo son: prohibición de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico, obligación de comunicaciones de los nombres de dominio o direcciones de Internet a los Registros Públicos (discriminatoria), sanciones establecidas, así como la obligación de publicar estas últimas. Asimismo, la organización exige que el control de los contenidos que circulan por la Red sea estrictamente judicial y que, por tanto, se revisen las intervenciones administrativas contempladas por la LSSI.