Buzz se presentó el pasado mes de febrero e inscribió a todos los usuarios de Gmail en esta red social, basada en torno a sus contactos. El servicio fue entonces muy criticado porque inicialmente, los usuarios tenían muy poco control sobre quién podía ver sus redes de contactos. De hecho, varios usuarios de Gmail llevaron a Google a los tribunales por Buzz, afirmando que la red violaba su privacidad personal. Los 8,5 millones de dólares son el centro de la propuesta de conciliación de Google en este caso. De esta suma, el 30 por ciento sería utilizado para pagar los honorarios de los abogados, mientras que los siete usuarios de Gmail que han llevado el caso a los tribunales recibirían 2.500 dólares cada uno. El resto se repartiría entre las organizaciones que promueven la privacidad en línea.

El acuerdo legal también exige a Google hacer más para educar a la gente sobre los aspectos privados de Buzz. En cualquier caso, el acuerdo aún debe ser aprobado por el juez federal a cargo del mismo. Las primeras quejas sobre Buzz obligaron a Google a realizar cambios que le convirtieron en un servicio opcional y que proporcionaba a los usuarios mayor control sobre con quién podían mantener contacto. Por otro lado, Google se enfrenta a una investigación llevada a cabo por el fiscal general de Texas, sobre el modo en que manipula los resultados de las búsquedas. 

La investigación empezó en julio y tiene como objetivo averiguar si el modo en que Google trata los resultados de las búsquedas viola las leyes estatales de defensa de la competencia. Al parecer, fueron las quejas de tres empresas, Foundem, SourceTool y MyTriggers, las que dieron el pistoletazo de salida a la investigación.

Don Harrison, consejero general adjunto de Google, escribió en el blog de la compañía que la empresa estaba “deseando” trabajar con la oficina del fiscal general, pues estaba “seguro” de que actuaban del mejor modo posible para salvaguardar los intereses de los usuarios. Harrison también sugirió que su archirival Microsoft estaba prestando ayuda y financiación a las empresas de búsquedas que habían formulado las citadas quejas.