El portavoz de la Comisión, Jonathan Todd, asegura que las autoridades tienen prohibido referirse a un producto o proceso específico que pueda beneficiar o desfavorecer a determinadas compañías.

“Enviamos una carta de aviso formal a Alemania e Italia el pasado 30 de marzo, que es una petición formal de información”, asegura Todd. Ambos países tienen hasta el próximo 30 de mayo para contestar.

La Comisión está considerando la posibilidad de realizar investigaciones similares en Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, los Países Bajos y Noruega. Suecia ha sido otro de los países hacia el que ha dirigido su mirada, sin embargo, el mes pasado las autoridades suecas hicieron pública una clarificación de su política que satisfizo a la Comisión.

La preocupación de la Unión Europea se centra en que los gobiernos podrían estar pagando demasiado por la compra de ordenadores porque miles de ofertas en la Unión Europea especifican los chips de Intel por su nombre, o más indirectamente, haciendo referencia a tarifas o megahercios específicos que corresponden sólo a productos de Intel.

“Queremos asegurarnos de que los contribuyentes obtienen valor por dinero”, explica Todd, apoyándose en un estudio publicado por la Comisión a principios de año en el que se indica que los contribuyentes podrían ahorrar cerca del 30% en las compras realizadas mediante ofertas competitivas y abiertas.

Intel no quiere hacer comentarios al respecto, según un portavoz de la compañía, sin embargo, su rival AMD está al tanto de las investigaciones que se están llevando a cabo.

Las investigaciones de la Unión Europea no tienen relación con la lucha legal protagonizada por AMD e Intel ante el Tribunal Superior de los Estados Unidos.