El Gobierno se ha propuesto acabar con la piratería, y para ello ha reformado el artículo 270 del Código Penal. algunos consideran que esta reforma supone una mejora y un ahorro en los trámites para perseguir a quienes promueven actividades como el “top manta”, pero para otros supone una amenaza para los usuarios de a pie, que tendrán que andarse con cuidado para no infringir esta ley y evitar llegar incluso a la cárcel.

El 1 de octubre entra en vigor el nuevo artículo 270 del Código Penal. Este artículo establece como delito la utilización de programas que eliminen los sistemas de protección de CD o DVD comprados en un establecimiento legal, y la descarga de Internet de archivos musicales sin permiso del propietario de los derechos de autor.

La revisión de este artículo tiene como principal objetivo acabar con las prácticas que dominan actualmente el mercado discográfico, comúnmente conocidas como “top manta” o la descarga ilegal de archivos en Internet. A lo largo de 2003 se vendieron en España a través del “top manta” más de 17 millones de copias, y se descargaron de Internet más de 200 millones de archivos de música de forma ilegal, según las cifras que aportó la SGAE en su última memoria anual. Estas cifras, si se comparan con los 64 millones de copias legales vendidas en las mismas fechas, nos dan una idea de la magnitud que alcanza el problema de la piratería. Concretamente desde 2001 hasta este año las ventas discográficas han caído un 30%, lo que ha implicado la pérdida de 1.200 empleos directos y el cierre de 85 PYMES relacionadas con la producción discográfica, según la SGAE.

El nuevo artículo afirma que podrán ser castigadas con penas de prisión de entre 6 meses y dos años, y penas de 6 a 24 meses, quien “con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicación a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. La misma pena se impondrá a quien intencionadamente importe, exporte o almacene ejemplares de dichas obras o producciones o ejecuciones sin la referida autorización”.

Esto implica que a partir de ahora el hecho de tener una copia de un CD musical, aunque el original se haya comprado de una forma legal, supondrá un delito, y dependiendo de su magnitud podría implicar una multa de hasta 2 años de cárcel. El artículo 270 castiga también la fabricación, puesta en circulación y tenencia de cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador. En definitiva, cualquier intento de copia de archivos protegidos por los derechos de autor implica a partir de ahora un delito, por lo que hasta realizar una copia de seguridad de un CD estará penado por la Ley. Las actividades cotidianas de un internauta pueden ser imputadas a partir de la renovación de esta ley. Y hasta los padres tendrán que preocuparse por lo que hacen sus hijos al navegar por Internet, ya que podrían cometer algún delito.

Primeras críticas a la reforma

Como era de esperar, distintas asociaciones se han manifestado ya en contra de la implantación de esta reforma del Código Penal. La Asociación de Música en Internet (AMI) considera que esta nueva ley en principio no respeta el derecho a la realización de una copia privada, e incluso podría hasta resultar un fraude, ya que los internautas que utilizan los servicios de descarga de música pagan un canon de grabación cuando adquieren un archivo musical apto para grabar en CD. Esta cantidad extra que pagan es por algo que desde el 1 de octubre es ilegal.

Según esta asociación, aquel usuario que disponga de un software capaz de desproteger el sistema anticopia de un archivo de cualquier tipo podría convertirse en delincuente, aunque no lo utilice. La AMI considera que existe un fraude puesto que desde hace unos meses estamos pagando un canon que va dirigido a compensar los derechos de propiedad intelectual que han dejado de percibir sus autores debido a la facilidad con la que se reproducen hoy en día estos archivos.

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) no se muestra de acuerdo con la AMI. Desde su punto de vista en la reforma del artículo 270 del Código Penal no está tipificada como delito ni la copia privada ni la descarga de música y películas sin ánimo de lucro. Para la FACUA la confusión que está sembrando temores infundados entre los usuarios proviene de una interpretación incorrecta de la ley, ya que en este artículo se tipifican como delito las citadas prácticas “sólo si se producen con ánimo de lucro o en perjuicio de terceros”. El artículo también prohíbe la importación, exportación y almacenamiento de las obras sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, pero no se refiere a la descarga de los mismos en un ordenador a través de las redes peer to peer, sino a sacarlas o introducirlas en el país. En cualquier caso, La FACUA entiende que se sigue planteando como requisito el ánimo de lucro y perjuicio de tercero para que se considere como delito, ya que sería inconcebible que se considerase delito que un usuario viaje acompañado de un disco, una película o un libro o que almacene en su casa dichas obras sin ningún ánimo comercial. Además se muestra de acuerdo con la AMI afirmando que la industria podría estar cometiendo una ilegalidad al no permitir que el usuario pueda realizar una copia para uso privado, e incluso que pueda reproducir el contenido del CD o DVD en determinados equipos.

Persecución de oficio de la piratería

Pedro Farré, abogado y director de la Oficina de Defensa de la Propiedad Intelectual opina que la reforma de esta ley es “un cambio fundamental”, y aclara que lo único que pretende es “facilitar la perseguibilidad de oficio del delito de piratería”, es decir, que hasta la fecha para inculpar a alguien y perseguirle legalmente primero tenía que existir una denuncia , pero “a partir de ahora esta burocracia no será necesaria”. Según sus palabras, se trata de un cambio de tipo político, “motivado por el interés público que existe por perseguir este delito, ya que se trata de un delito que destruye un sector que actualmente representa el 4% del PIB español”.

El director de la Oficina de Defensa de la Propiedad aclara que “la copia privada es legítima, pero también es legítima la introducción de sistemas anticopia”. La novedad que impone la reforma del Código Penal es que se penalizará a quien destruya este sistema anticopia, por lo que cualquier usuario puede preguntarse entonces ¿cómo puede ejercer su derecho a realizar una copia privada si los sistemas anticopia no se lo permiten? Pedro Farré aclara que “ahí radica la confusión de muchos usuarios, ya que no existe un artículo específico que conceda a los usuarios el derecho a una copia pri