Se trata de la primera ley de este tipo que adopta el gobernador de un estado en norteamérica, en este caso el demócrata Gray Davis.

La ley aprobada prohíbe enviar spam a cualquier dirección de e-mail del estado de California, bajo penas de 1.000 dólares por mensaje enviado a un usuario, o hasta un millón de dólares por cada mensaje comercial. El fiscal general del estado, el usuario que recibe el mensaje o el proveedor de servicio de Internet también podrían pedir responsabilidades penales.

Cualquier mensaje comercial no solicitado será ilegal, a menos que el usuario que recibe el correo lo solicite. Para ello, se ha aprobado la fórmula del “opt-in”, es decir, solicitar previamente estar incluido en la lista de direcciones del emisor de los mensajes.

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