Como un “importante logro” ha calificado el comisario de Mercado Interior, Frits Bolkestein, la aprobación de la nueva directiva, señalando además que “no sólo es la medida más importante adoptada por Europa en el campo de los derechos de autor sino que también introduce la regulación del copyright en la era digital. Los creadores, artistas e industrias relacionadas con la propiedad intelectual en Europa ya pueden hacer frente, con confianza renovada, a los desafíos del comercio electrónico. A su vez, la Directiva protege los intereses legítimos de los usuarios, consumidores y en general, de toda la sociedad”.

El texto, que incluye las nueve enmiendas votadas por el Parlamento el pasado mes de febrero, estimulará, según afirma el comunicado de la Comisión, la creatividad y la innovación asegurando que material como libros, películas, y música, está protegido por el copyright, facilitando así el desarrollo del comercio electrónico en el sector de nuevos productos y servicios multimedia (tanto los que están online como los soportes como los CD).

Si hay un campo en el que se está esperando esta legislación con impaciencia es en el de la música, donde el intercambio de canciones a través de plataformas de Internet como Napster tienen a la industria discográfica escaldada, ante la posibilidad de ver cómo sus ventas de CD pueden disminuir ante la preferencia de los usuarios de descargarse la música gratuitamente desde la Red. En este sentido, la nueva Directiva no permite el intercambio de ficheros musicales (como se hace en Napster), aunque los consumidores podrán grabar un número limitado de copias para uso privado, lo que abarca también el ámbito de familiares y amigos. Además, el nuevo texto legal permitirá en determinadas circunstancias a los proveedores de servicios de Internet (PSI), operadores de telecomunicaciones y otros sites, la reproducción en la Red de obras protegidas por el copyright, al considerarlas copias técnicas.

Los estados miembros deberán integrar la nueva Directiva en sus propias legislaciones en los 18 meses siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de las Comunidades Europeas.