MOVILIDAD | Noticias | 01 OCT 2012

La privacidad de los datos de localización móvil centra el debate jurídico

Tags: Actualidad
La ambigüedad legal rodea los procedimientos de seguimiento y rastreo de móviles que utilizan numerosas fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados. En cada país, existe jurisprudencia muy distinta, lo que genera inseguridad entre los usuarios. Hay ejemplos en ambos sentidos. Por un lado, algunos jueces aprueban estas prácticas con fines policiales, mientras que otros consideran que atentan contra los derechos y las libertades civiles.
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El gobierno norteamericano, por ejemplo, prepara una ley que permita la obtención de los datos de seguimiento de los móviles, por parte de la policía, de los propios  operadores y sin mandato judicial. Y, sin embargo, varios entes jurídicos de aquel país, como la Corte de Apelación de Nueva Orleans, está intentando poner freno a estas prácticas que permitirían a las autoridades obtener el registro de 60 días de los operadores como parte de una investigación.

Otros juzgados tampoco han respaldado estas prácticas, por considerarlas contrarias a la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que protege la privacidad de las personas.

Sin embargo, el gobierno afirma que la Cuarta Enmienda no puede aplicarse a registros de localización archivados por los operadores, al considerarse información de  negocios o empresa.

La Corte considera estos registros de empresa están sujetos a lo que denomina “la doctrina de la tercera parte”. Esta doctrina excluye de la protección de la Cuarta Enmienda, ya que considera que el individuo ya no es dueño ni poseedor de estos datos, que lo es la empresa.

Entre tanto, el gobierno alega que los consumidores tienen una “expectativa razonable” de que sus datos de registro no serán privados. Y esta “expectativa razonable” es considerada por algunos tribunales suficiente para suspender los derechos de la Cuarta Enmienda.

Varios grupos de libertades civiles apoyan la norma de la corte del estado de Texas, a pesar de que el gobierno sigue asegurando que los usuarios de móviles ceden sus derechos de privacidad, cuando voluntariamente desvelan su localización física a los operadores,  cada vez que su móvil conecta con un repetidor.

El seguimiento sin garantías de los móviles es una tendencia en alza en el ordenamiento legal. Se ha conocido que más de 90 departamentos de policía de Estados Unidos ya están rastreando móviles, cuando sólo seis de ellos contaban con permiso judicial.

En el resto del mundo, ni siquiera está claro qué fuerzas de seguridad tienen acceso a este tipo de información y no se conocen litigios legales al respecto.

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