| Artículos | 01 MAY 2002

Se inicia la tramitación parlamentaria de la LSSICE

Tags: Histórico
Almudena Alameda.
El pasado 11 de abril inició su tramitación parlamentaria la LSSICE (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico), que desde la aparición de su primer borrador ha estado acompañada de polémica por la oposición de grupos de usuarios y organizaciones de diversa índole. En la sesión inaugural se debatieron las nueve enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE, IU y el Grupo Mixto. Si se aprueba esta ley en junio, regulará la actividad comercial en Internet de nuestro país.

Las nueve enmiendas a la totalidad de las distintas fuerzas políticas de la oposición ponen en evidencia la dificultad de alcanzar el consenso en torno a la LSSICE, más teniendo en cuenta que durante la primera sesión de debate en el Congreso de los Diputados, el Grupo Popular rechazó todas ellas. Mientras que el Grupo Socialista e Izquierda Unida proponen una ley alternativa, el PNV y otros seis partidos integrados en el Grupo Mixto solicitan la devolución del texto sin ni siquiera estudiarse en comisión parlamentaria. En el caso del PSOE, aunque en un primer momento la formación se mostró inclinada a transponer la directiva comunitaria sobre comercio electrónico (que debía estarlo desde enero), adaptando las normas existentes al nuevo marco tecnológico pero sin crear una ley específica, ahora su pretensión es que se retire el actual proyecto de ley y que se acepte su propuesta. Tal y como manifestó el portavoz de esta fuerza política, Alfredo Pérez Rubalcaba, su postura se debe a que el texto del gobierno va más allá de la mencionada directiva porque, además de regular el e-commerce, trata de "controlar los contenidos en la Red". Asimismo, el PSOE opina que provoca inseguridad jurídica en Internet al introducir el concepto de "autoridad competente", que puede cerrar cautelarmente una página web en caso de que "atente o pueda atentar" contra algún derecho fundamental. Por su parte, otro representante del PSOE, Jaime Lissavetzky, ha declarado que el problema de esta futura ley es que con ella el Gobierno ha querido "meter" dos leyes en una, la del comercio electrónico y la que protege el derecho de los consumidores. En este sentido, la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, señaló en su comparecencia en el Congreso que se ha creado una única ley para evitar la dispersión legislativa, acelerar el proceso de transposición de la directiva y aumentar la coherencia de la regulación.
En lo que se refiere a la cuantía de las sanciones que impone, Juan Manuel Moreno, del Grupo Popular en el Congreso, ha señalado que, aunque en general su grupo cree que son equilibradas, se está estudiando la posibilidad de que, especialmente en lo que concierne a infracciones leves, se fijen otras más acordes al volumen de facturación de las empresas.

CC.OO. y otras organizaciones solicitan modificar la Ley
La Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), la Asociación de Usuarios de la Comunicación, la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras emitieron el pasado 18 de marzo (antes de que terminara el plazo de presentación de enmiendas) un comunicado con su postura conjunta para que las fuerzas políticas lo tuvieran en cuenta durante la tramitación parlamentaria de la LSSICE. Víctor Domingo, presidente de la AI, explicó que sería necesario modificar varios puntos del texto: definición más precisa del ámbito de aplicación de la ley (limitándolo a empresas con actividades económicas online); concreción de la intervención de la autoridad judicial y administrativa; aplicación de la legislación del domicilio del consumidor en los contratos electrónicos (derecho renunciable sólo mediante pacto expreso); no inclusión de la autorización expresa del cliente para recibir comunicaciones publicitarias vía e-mail en documentos generales de contratación de bienes o servicios; y proporcionalidad en la cuantía de las sanciones, teniendo en cuenta la facturación de la entidad.

La importancia del cibercrimen
Un presupuesto para 2003 de 52 millones de dólares destinado a TI para la Administración, 2.400 millones para I+D en la lucha contra el terrorismo biológico y 4.800 millones en seguridad en aeropuertos dan idea de la importancia que concede el Gobierno de George W. Bush a la tecnología y al cibercrimen. En España, declaraciones como las efectuadas por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, en las que afirmaba que aunque Internet es un espacio de libertad, "puede llegar a convertirse en el mejor de los campos posibles para el delito, ya que los datos conocidos permiten afirmar que en la actualidad pueden cometerse prácticamente todos los delitos contemplados en el nuevo Código Penal a través de Internet. Para 2004 el coste del cibercrimen podría crecer un 10.000%" también sitúan en su justa medida la gravedad del problema.


La AUI pide que se incluya el juego de azar en la LSSI
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Durante la comparecencia en el Senado del presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez, se reclamó que no excluyera el juego de azar en Internet de la LSSI. Con ello se dispondría, a juicio de la AUI, de herramientas legales para proteger a los usuarios, y se resolverían los problemas de legalidad a los que se enfrentan las administraciones españolas. Actualmente la legislación española de juego de azar permite que esta actividad se lleve a cabo en lugares específicos, como son los casinos o bingos bajo autorización administrativa. Lo que ocurre es que en los últimos años han proliferado casinos virtuales situados en paraísos fiscales, a los cuales se puede acceder sólo con un medio de pago como la tarjeta de crédito.
En la redacción actual de la LSSI se excluyen explícitamente los juegos de azar (apartado 5 b).


Gaspar Llamazares, coordinador general de IU
"En su estado actual, el proyecto de Ley deja manos libres a la
Administración para imponer una verdadera cibercensura en la Red"
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Tras dejar claro que IU se ha involucrado en el debate sobre la LSSICE desde un principio, "lo que ocurre es que desgraciadamente los medios de comunicación no siempre se hacen eco de nuestras propuestas", su coordinador general, Gaspar Llamazares, explica a PC World por qué el partido ha presentado una enmienda a la totalidad.

¿Por qué no está de acuerdo IU con el proyecto de LSSICE elaborado por el Gobierno?
- De manera premeditada, el Gobierno le ha dado una forma ambigua y confusa, con numerosas lagunas legales, que otorga a la Administración un poder arbitrario, por lo que IU duda de su constitucionalidad. Por ejemplo, el artículo 20.5 de la Carta Magna deja meridianamente claro que "sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial", lo que ahora trata de saltarse el Gobierno con atajos legales. La visión autoritaria y mercantil del Ejecutivo del PP le lleva a considerar Internet como un mero espacio de negocios. El argumento de que sólo un juez podrá decidir el cierre de una web sirv

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