| Artículos | 01 SEP 2003

Productos garantizados por Ley

Tags: Histórico
La nueva normativa amplía a dos años el periodo de reclamación
Santiago Carro.
El pasado 10 de julio se publicaba en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la directiva 23/2003, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. La norma, con rango de Ley y que parte de otra directiva europea, es aplicable tanto a productos nuevos -que ahora deben tener dos años de garantía- como de segunda mano -un año-.

La Ley de Garantías -que entra en vigor el 11 de septiembre- ha encendido la polémica puesto que, a partir de ese momento, los bienes adquiridos de primera mano deberán tener una garantía de dos años como mínimo. Pero los fabricantes de hardware no temen el hecho de que se amplíe el período de garantía, sino que ahora los usuarios se van a encontrar “excesivamente protegidos”. Con el nuevo texto legal, se abre la posibilidad de que los compradores puedan exigir desde una sustitución del equipo por otro -y no su reparación- hasta la misma rescisión del contrato de compraventa, con la obligación del vendedor de devolver el dinero. Sin embargo, el texto puede llegar a ser confuso para ambas partes, sobre todo en lo concerniente a los plazos, con 6 meses para que el usuario pueda llegar incluso a la anulación del contrato, 2 años de garantía total -suspendida en caso de reparación y retomada nuevamente cuando el bien vuelva a manos del comprador-, 3 años para las acciones legales, dos meses para avisar desde que se conozca un fallo, etc.
La mayoría de los fabricantes consultados por PC World han entendido la Ley, sin embargo, como una mera ampliación temporal de la garantía. José Antonio Arjona, director técnico de Toshiba, ha explicado que es una ley que favorece al consumidor. Para los usuarios, disponer de mayor plazo de garantía supone una tranquilidad al saber que podrán tener respuesta del fabricante en caso de rotura del equipo o un mal funcionamiento. Para Arjona, “ante un producto de calidad no hay ningún tipo de problema”. Según él, “Toshiba fabrica una serie de productos que cumplen unos requisitos de calidad muy exigentes y la tasa de incidencia de fallos es mínima. Esta ley sí puede suponer un problema a fabricantes de dispositivos de baja o media calidad, porque se arriesgan a que un producto pueda fallar antes de que se termine la garantía, con el coste económico que ello implica”. Para Toshiba -puntualiza Arjona- “esta ley no cambia nada porque con numerosos productos ya ofrecemos tres años de garantía”.
Otros fabricantes, como Fujitsu Siemens Computers (FSC), prefirieron “anticiparse” a la normativa. La compañía, conocedora de las directrices europeas y de su posterior implantación y regulación en España, ya aplica los dos años de garantía a una gran parte de sus productos. Para este fabricante, se trata de una ley que beneficia a ambas partes. “El usuario tiene una mayor cobertura gracias a la ampliación de la garantía y el fabricante ofrece unos servicios más amplios”, ha explicado Victoria Alcalde, jefe de proyectos de servicios de FSC. Según Alcalde “no hay dispositivos que sean más propensos a una rotura, aunque sí es cierto que depende en buena medida de la mecánica más que de la electrónica la vida útil de los aparatos”. A la compañía en España la nueva medida no le afecta lo más mínimo, “porque ya se aplica en otras filiales europeas, como es el caso alemán, y desde la corporación se decidió unificar en el tiempo la aplicación de una Ley que afectará finalmente a toda Europa”. De hecho, FSC lleva desde septiembre del año pasado aplicando 24 meses de garantía a una buena parte de sus productos. Sin embargo, Alcalde ha reconocido que para establecer el periodo de garantía a aplicar se fijan mucho en lo que hace la competencia: “si una empresa ofrece dos años de garantía sobre un producto, nosotros también, aunque existen casos en los que, para conseguir una mayor ventaja, hemos intentado ofrecer más plazo de garantía que otros fabricantes”, puntualiza Alcalde.

Garantía de conformidad
Sin embargo, Enrique Aznar, director de la Asesoría Jurídica de Dell, ofrece otra versión de la ley. Según Aznar, “en realidad se establece una garantía de conformidad y el usuario es informado plenamente del producto que va a adquirir, y que se adecua a unas descripciones técnicas”. Esto significa que si un usuario compra un producto con unas especificaciones concretas y en realidad no las tiene, durante los seis primeros meses a partir de la fecha de compra puede ejercer su derecho para que, bien se le reponga un equipo con las características que se anunciaban, bien se le actualice el equipo conforme a las descripciones técnicas; sin necesidad de que el usuario tenga que demostrar nada. Sin embargo, entre los primeros seis meses desde la compra y hasta que expira la garantía (dos años), el usuario deberá demostrar que el producto que ha adquirido no se adecua a las prestaciones que el fabricante dice que tiene. En este caso, si el cliente puede llegar a demostrar una falta de conformidad con el producto, el fabricante estará obligado a su sustitución o actualización del equipo.
Para Aznar, no obstante, hay que leer esta ley con mucha cautela, puesto que hay casos en los que sí conviene diferenciar entre hardware y consumibles. De un modo muy simple, “los consumibles son algo que se va gastando hasta que su vida se agota y hay que reemplazarlos”, dice Aznar, quien lo explica ilustrándolo con el caso de los portátiles: “en Dell damos hasta 3 años de garantía para muchos productos pero hay elementos -la batería de un ordenador portátil- que tienen una vida limitada a un número específico de horas y que, posiblemente, no exceda de dos años en su cómputo total”. “¿Entonces qué sucede con los consumibles?”, se pregunta Aznar. Según este representante de Dell, se plantea una contradicción, ya que “se deberán tratar de un modo diferente el hardware y los consumibles”. Entre los puntos fuertes de la Ley, Aznar señala la obligatoriedad de entregar al usuario -en un soporte duradero- los términos del contrato, como un testimonio fehaciente del contrato de compraventa.
Quien ve luces y sombras ante esta normativa es la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC). Según Francisco Lara, asesor legal de la Asociación, “uno de los fallos que ha visto ASIMELEC ha sido la definición de consumidor, tratándose por igual a las personas físicas que a las jurídicas, lo que coloca en una mala situación a un pequeño vendedor cuyos clientes sean personas jurídicas con cierto tamaño”. A tenor de lo redactado en la Ley, el comprador es el gran ganador aunque, por otro lado, los fabricantes no deberían preocuparse en exceso porque “ya hay muchas compañías que ofrecen, no sólo dos años, sino hasta tres y cuatro años”, ha dicho Lara, quien ha puntualizado que “se protege mucho más al consumidor, que puede llegar a decidir entre arreglar el bien o la sustitución; y es el usuario quien llega al acuerdo final, no dejándose nunca en manos del vendedor la posibilidad de elegir otra opción”, puntualiza Lara. Lara tampoco entiende cómo es posible que, siendo una norma aplicable en la Unión Europea, haya países con diferentes plazos en la ga

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