| Artículos | 01 SEP 2000

Privacidad en la Red

Tags: Histórico
Conozca cuáles son las normas que le protegen en Internet
Miguel Recio.
El hecho de que Internet sea una red mundial y en cierto modo incontrolada, no puede suponer un menoscabo de los derechos fundamentales que el individuo tiene reconocidos. Entre dichos derechos se encuentra la privacidad, que también debe ser garantizada en este nuevo medio.

Sin otra intención que la de poner de manifiesto cuál es la situación actual respecto de las garantías que el internauta tiene a la hora de navegar por la Red, debe partirse del hecho de que Internet carece de una regulación legal específica, pero ello no puede llevar a afirmar que sea un vacío jurídico.
La aparición de este medio ha supuesto un avance inimaginable para todos los que interactúan en él. Así, el desarrollo del comercio electrónico, las posibilidades de acceder a información online o las comunicaciones electrónicas, entre otros, se han convertido en algo cotidiano, si bien ello no puede suponer una disminución ni una negación de los derechos que ya se tienen.
Dejando a un lado la conveniencia o no de regular la Red, debemos partir de la necesidad de asegurar que quien acceda a los servicios de la sociedad de la información lo haga con una serie de garantías, pues de lo contrario se convertiría en un medio que genera la desconfianza en detrimento de su desarrollo.
Las implicaciones en la utilización de la Red no son cosa de uno, sino que usuarios, ISP (Internet Service Provider), empresas que ofrecen sus servicios, y demás figuras deben conocer cuáles son sus derechos y obligaciones con el fin de mantener una convivencia pacífica y realizar su aportación a la construcción de esta sociedad virtual.
Con el fin de establecer cuáles son los derechos y obligaciones debe atenderse a una serie de normas o instrumentos, tanto nacionales como internacionales, que pretenden establecer los principios que los Estados deberían tener en cuenta a la hora de desarrollar sus medidas legislativas.

Las normas y los principios
Si bien no existe una Ley que regule directamente la Red, no debe olvidarse que los ordenamientos jurídicos de cada Estado establecen una serie de reglas para garantizar una correcta convivencia de sus ciudadanos, aunque Internet se escapa a los esquemas tradicionales debido a su carácter mundial y requiere soluciones específicas, comenzando por el hecho de la existencia de paraísos que quedan al margen de cualquier regulación.
Pero lo anterior no debe hacernos olvidar que existe una serie de Leyes y otros instrumentos normativos que tienen por objetivo establecer los derechos y obligaciones de los diferentes actores que utilizan Internet. Y es que, aunque la tecnología es neutra, una mala utilización de la misma puede suponer una intromisión indeseada en nuestra privacidad.
Debemos recordar que por el mero hecho de acceder a una página web dejamos un rastro, una traza, que en principio puede carecer de relevancia alguna, pero que unida a otra información y en manos no precisamente benévolas puede hacernos completamente transparentes a cualquier ojo.
No podemos evitar señalar que los riesgos están ahí, y que no todas aquellas personas o entidades que participan en este medio lo hacen con las mejores intenciones, sino que buscan una información que constituye su principal negocio, a veces a costa de causar una daño que puede resultar irreparable.
Con el fin de evitar situaciones como ésta nuestro ordenamiento, al igual que otros, cuenta con una serie de normas para evitar los abusos y proteger a la persona. En concreto, puede citarse la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo, a nivel comunitario, y como precedente de nuestra legislación sobre protección de datos, está la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre Protección de Datos.
En el ámbito comunitario también puede destacarse la actividad del Grupo de Trabajo creado en virtud de la citada Directiva, que ha elaborado algunos documentos y recomendaciones sobre el anonimato en Internet o el tratamiento invisible y automático de datos personales en Internet, entre otros.
Pueden citarse también como antecedentes de estas medidas el Convenio del Consejo de Europa nº 108 de 1981 o las directrices de Naciones Unidas de 1990, ya que ambos inciden sobre la protección de la intimidad respecto del tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
Por último, y dejando a un lado otras iniciativas como la Plataforma de Preferencia de Privacidad (P3P) o la Norma de Perfiles Abierta (OPS) como técnicas para proteger la privacidad en Internet, debemos hacer mención de la Recomendación nº R(99) 5, del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre la protección de la intimidad en Internet, adoptada en el seno del Consejo de Europa.

Obligaciones de las entidades
Nadie duda que la recogida y tratamiento de datos personales suponen un riesgo para la intimidad de la persona, sobre todo desde que las barreras del tiempo y el espacio han desaparecido, y que por tanto es necesario que las técnicas que se empleen permitan garantizar, en la medida de lo posible, el anonimato de los interesados y la confidencialidad de la información como muestra de respeto de los derechos y libertades de las personas físicas.
La Recomendación del Consejo de Europa, dirigida fundamentalmente a usuarios y Proveedores de Servicios Internet (ISP), establece una serie de principios de buena conducta con el fin de que todos los Estados miembros del Consejo de Europa den una amplia difusión de los mismos.
En concreto, se recomienda que los ISP, entendidos éstos en sentido amplio (tales como proveedores de contenido, diseñadores de programas de navegación, etc.), deberían utilizar las tecnologías disponibles que garanticen la protección de la privacidad de los usuarios, e informen a los mismos de los riesgos que conlleva el uso de Internet, centrándose en la confidencialidad, integridad y seguridad de la información.
En consecuencia, la industria informática del software y del hardware debería trabajar en productos que respeten la vida privada y desarrollar su trabajo ajustándose a las normativas vigentes en materia de protección de datos de carácter personal.
Asimismo, los proveedores deberían informar de la posibilidad de usar medios técnicos disponibles para minimizar, en la medida de lo posible, estos riesgos. Un ejemplo de lo anterior sería el acceso anónimo a Internet, siempre que se tengan en cuenta los límites legalmente establecidos.
Sin perjuicio de las medidas que se proponen en la Recomendación citada, es necesario recordar que en el caso de entidades que sean responsables de tratamientos de datos situadas en el territorio español, así como de aquellas que sin estarlo les resulte de aplicación la normativa española en virtud de normas de Derecho internacional público, o aquellas que utilicen medios situados en nuestro territorio y estén fuera de la Unión Europea, les resulta de aplicación la LOPD.
Lo anterior supone que todos aquellos responsables de tratamientos que recaben datos de carácter personal y decidan sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento tienen que cumplir lo dispuesto en dicha norma, estén donde estén.
En concreto, tendrán que proceder a inscribir el fichero de datos de carácter personal en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos, cumplir con las obligaciones de información y garantizar el eje

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