| Artículos | 01 FEB 2000

Los datos personales ante la nueva Ley

Tags: Histórico
Nuevos derechos para los usuarios y más obligaciones para las empresas y organismos oficiales
Miguel Recio.
El pasado mes de enero entró en vigor la nueva Ley de Protección de Datos que deroga la LORTAD. El nuevo texto legal introduce importantes novedades en el tratamiento y uso de los datos personales. Vea en este artículo las obligaciones de las empresas y organismos oficiales que recogen datos y los derechos de los usuarios.

El pasado 14 de enero entró en vigor la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, Ley de Protección de Datos). El nuevo año viene acompañado de una nueva norma en lo que se refiere a la protección de nuestros datos. La expansión de Internet y la globalización económica hace más indispensable que nunca la necesidad de una ley clara que proteja a los usuarios y los datos personales de éstos frente a posibles usos incorrectos de los mismos. Vamos a ver cuáles son las principales implicaciones que trae consigo la nueva ley que nos afecta a todos.

Situación actual
La Ley de Protección de Datos deroga la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de carácter personal, más conocida como LORTAD. En cuanto a las normas de desarrollo de la misma, siguen vigentes los Reglamentos que se aprobaron en su día, salvo que sean modificados o el Gobierno desarrolle otros. En concreto hay que destacar la vigencia del Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal; el pasado 26 de diciembre terminó el plazo respecto de las medidas a adoptar en los ficheros de nivel básico que contengan datos de carácter personal.
La nueva ley introduce bastantes novedades con respecto a la anterior. El propio título nos indica que su ámbito de protección se ha ampliado, puesto que no se refiere solamente al tratamiento automatizado de datos sino que se extiende a cualquier tratamiento que se haga de los mismos, sea o no automatizado. En cuanto a quién protege, no hay cambio alguno, siguen siendo las personas físicas titulares de los datos, la ley se refiere a éstas como el afectado o el interesado. Una novedad importante es la creación de un censo promocional en el que, en principio, estaremos incluidos todos, ya que los datos se extraen de la información que consta en el censo electoral. Se trata además de una fuente accesible al público con la periodicidad de un año. También se han modificado las cuantías de las sanciones adecuándolas al tipo de infracciones cometidas.
En cuanto a la protección de datos hay que partir de una ponderación entre los diferentes derechos en conflicto. No son otros que la protección de la intimidad de la persona y el libre desarrollo de la actividad de las empresas y el normal funcionamiento de las Administraciones Públicas. Por tanto, es necesario buscar un punto de equilibrio que garantice suficientemente la protección de la intimidad de los individuos y el correcto desarrollo de las relaciones tanto de las empresas como de la Administración con los ciudadanos, de manera que no se produzca una paralización de la vida diaria.

Ámbito de la Ley
La Ley continúa teniendo como objeto la protección de los datos personales de la persona para garantizar así el honor, la intimidad personal y familiar y el resto de sus derechos. Por tanto, sólo son objeto de protección las personas físicas y no las jurídicas. Sus datos pueden encontrarse tanto en ficheros de titularidad pública como privada. Los primeros son los mantenidos por una Administración en el desempeño de sus funciones, mientras que los segundos pueden ser creados por cualquier persona para el desarrollo legítimo de sus intereses siempre que éstos no sean contrarios a la ley. El régimen legal previsto varía en función de si nos encontramos ante un fichero público o privado.
Dentro del ámbito de aplicación de la Ley se establecen tres supuestos, aquéllos en los que la norma es de plena aplicación; otros en los que no será de aplicación y; por último, los supuestos en los que a pesar de regirse por sus disposiciones específicas se prevén algunas especialidades en esta norma, como por ejemplo los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El régimen de la Ley se extiende tanto a los ficheros automatizados como a los ficheros en papel. En la LORTAD se preveía su aplicación a los últimos si el Gobierno lo consideraba oportuno. En la actualidad se prevé un plazo de tres años para que los ficheros automatizados preexistentes a la Ley se adecuen a lo previsto en la misma. Este plazo será de doce años en el caso de los ficheros y tratamientos no automatizados, pero el plazo ha de contarse desde el 24 de octubre de 1995, fecha de la Directiva 95/46/CE.

Principios rectores
Respecto de los principios que rigen el tratamiento y el uso posterior de los datos personales hay que destacar el principio de calidad de los datos y el consentimiento del afectado. En cuanto al principio de calidad de los datos la Ley de Protección de Datos establece que sólo podrán recogerse cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad para la que vayan a ser empleados, que han de estar determinadas, ser legítimas y explícitas, es decir, que el interesado ha de saber para qué se obtienen sus datos.
La finalidad con la que se usen los datos no puede resultar en ningún caso incompatible con aquélla para la que fueron recogidos. En este punto encontramos una modificación sustancial con respecto a la LORTAD ya que en ella se hablaba de finalidades distintas, por tanto creemos que la nueva ley no es tan restrictiva como la anterior. Así se permite hacer uso de los datos siempre que la finalidad resulte compatible con aquélla para la que fueron recabados, aunque sea diferente. En todo caso se prevé expresamente que no será incompatible el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos.
Los datos personales recogidos tienen que ser exactos, teniendo el responsable del fichero y el encargado del tratamiento la obligación de ponerlos al día de forma que respondan con veracidad a la situación actual, que no real como se decía en la ley derogada, del afectado. Estos datos serán cancelados cuando no sean necesarios o no resulten pertinentes en relación con la finalidad con la que fueron recabados o registrados. Serán almacenados de forma que sea posible el ejercicio del derecho de acceso, salvo que hubiesen sido cancelados por una norma legal. Por último, queda prohibida la recogida de datos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.
En cuanto al consentimiento cabe decir que se trata de un principio básico de la protección de datos, puesto que sin la autorización del interesado sería imposible recabar sus datos, siempre que una ley no establezca lo contrario o esté prevista alguna causa por la que no sea necesario solicitar su consentimiento, por ejemplo cuando sus datos figuren en fuentes accesibles al público y su tratamiento sea necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable, en cualquier caso el límite está en que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del interesado.
La Ley de Protección de Datos establece que se requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que se prevea otra cosa. Esto quiere decir que en toda recogida de datos en la que proceda la petición del consentimiento del afectado se requiere una manifestaci

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