| Artículos | 01 ABR 2002

Las webs españolas suspenden en seguridad jurídica

Tags: Histórico
La LSSICE continúa suscitando polémica
Almudena Alameda.
La mayoría de las empresas españolas que operan en Internet incumplen la normativa jurídica prevista en el actual proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE) según un estudio llevado a cabo por la consultora legal Safenet Solutions. De ahí la trascendencia de este proyecto de ley, que todavía genera numerosas posturas en contra.

La mayoría de los 100 sitios web dedicados a Turismo, Agencias de Viajes, Ordenadores, Libros y Librería, Centros comerciales y Vinos que operan en nuestro país, analizados en un estudio de Safenet Solutions, suspendieron en seguridad jurídica. Esto supondría sanciones económicas de hasta 600.000 euros si la LSSICE estuviese ya en vigor, por no mencionar la pérdida de la todavía incipiente confianza de los consumidores. Los resultados de este informe se unirán a los recogidos en estudios efectuados por organizaciones pertenecientes a la asociación internacional de abogados especializados en nuevas tecnologías WIT Lawyers en Estados Unidos, Francia, Alemania, Holanda, Portugal, Suiza y probablemente también Reino Unido, para darse a conocer en un congreso que se celebrará en Hamburgo durante el mes de junio. Según Gabriel Nadal, presidente de Safenet Solutions y que también ejerce actualmente de presidente de WIT Lawyers, las conclusiones del estudio “se centrarán en proteger los intereses legales de los consumidores”.
Casos relacionados con el spam, como el cierre decretado por un tribunal estadounidense de las páginas web de tres compañías británicas (TLD Network, Quantum Management y TBS Industries) que utilizaron mensajes de e-mail para vender direcciones web inexistentes por valor de un millón de dólares (1,13 millones de euros) o la clausura del foro de un periódico online sueco Aftonbladet.se por haber permitido la publicación de amenazas de muerte contra los judíos, son dos recientes ejemplos a nivel mundial de la importancia de una legislación clara sobre Internet.

La polémica continúa
Pese a que la LSSICE se encuentra en fase de tramitación parlamentaria desde el 8 de febrero, las opiniones sobre el texto se suceden. Por una parte, la AEPSI (Asociación Española de Proveedores de Servicios de Internet) considera abusivas las medidas que permitirían a la “autoridad competente” dictar el cierre o la interrupción de los servicios de los prestadores de servicios, y afirma que bastaría con impedir el acceso a una determinada dirección de Internet o a una página web concreta. La organización defiende que deberían limitarse y definirse al máximo las autoridades competentes con facultad de adoptar dichas medidas, y que éstas deberían tener un carácter excepcional. Asimismo, la AEPSI no está de acuerdo con el hecho de que el proyecto de ley no establezca claramente la irresponsabilidad de los Prestadores de Servicios por los contenidos ajenos, “forzándoles a demostrar que no tienen conocimiento de la existencia de un determinado contenido o servicio ilícito cuando la Directiva 2000/31 establece el principio contrario”.
La AECE y ASIMELEC también se muestran disconformes con la cuantía de las sanciones y la ambigüedad del papel de las autoridades competentes. ANEI (Asociación Nacional de Empresas de Internet), por su parte, apuesta por que el sector debe continuar presidido por una “voluntad de autorregulación” y considera mejorables apartados como el relativo al de comunicaciones comerciales por correo electrónico, por lo que ha abierto una ronda entre sus compañías asociadas para recabar alternativas y hacérselas llegar a la Administración.
En el ámbito político, el PSOE reclama la retirada del proyecto de ley y la mera transposición de la directiva sobre e-commerce a la normativa española, y el senador socialista Félix Lavilla advierte que el desarrollo mediante reglamento de algunos apartados ambiguos de la ley, “arroja importantes incertidumbres sobre su aplicación práctica”.


Deficiencias detectadas por Safenet:
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- El 100% de los websites analizados no permite descargar el formulario de “Condiciones Generales”. (la LSSICE lo multa con 600.000 euros).
- El 58% no proporciona documentos de anulación del pedido.
- El 44% no indica el coste de entrega del producto.
- El 67% no posee ninguna política de privacidad referida al acceso no autorizado o uso incorrecto de los datos personales en su poder.

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