| Artículos | 01 JUL 2001

La futura Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, en entredicho

Tags: Histórico
La tramitación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) está siendo polémica, ya que según algunos colectivos atenta contra la libertad de expresión con el pretexto de frenar los delitos en Internet.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología dio a conocer el pasado 30 de abril la tercera versión del anteproyecto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) que pretende establecer las garantías jurídicas necesarias para el pleno desarrollo del comercio electrónico y de los servicios a través de Internet, además de incorporar a la legislación española la Directiva comunitaria 2000/31/ CE relativa, sobre todo, al comercio electrónico (antes de enero de 2002).
La última modificación del anteproyecto ha tenido en cuenta las aportaciones de más de 50 asociaciones, empresas, etc., así como del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, la Agencia de Protección de Datos, el Consejo de Consumidores y Usuarios, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la Comisión General de Codificación. Sin embargo, pese a este amplio espectro de entidades involucradas, ha generado más de 600 observaciones a través de Internet desde que el texto se incluyó en la web del Ministerio de Ciencia y Tecnología (www.setsi.mcyt.es) en octubre del pasado año y ha levantado las iras de algunas organizaciones. Entre ellas figura el sitio web Kriptópolis, especializado en seguridad en Internet, y la Asocia-ción de Internautas (AI) que han denunciado que algunos artículos del anteproyecto van en contra de la libertad de expresión o que sus requerimientos asfixiarán a iniciativas en Internet que no cuenten con los suficientes recursos económicos.
Uno de los puntos conflictivos de este anteproyecto es el concepto de "servicio de la sociedad de la información", que no hace distinción entre los webs que realizan una actividad económica y aquellos que no tienen ánimo de lucro. Otro es la posibilidad, debido a la ambigua redacción de algunos artículos, de que, no sólo los órganos judiciales, sino también la Administración pueda cerrar una página web por considerar ilegales sus contenidos.
Asimismo, existen voces en contra de las sanciones (entre 500.000 pesetas y 100 millones) que fija el anteproyecto, ya que pueden inducir a que sólo empresas de gran solidez económica se atrevan a publicar informaciones críticas con el Gobierno.
Mientras la AI se muestra favorable a una modificación del anteproyecto, Kriptópolis se mantiene firme en su postura de eliminación de esta ley y amenaza con acudir al Tribunal Constitucional si se aprueba. En opinión del editor de esta revista online, José Manuel Gómez, lo adecuado sería modificar la legislación existente sobre comercio para adaptarla a Internet. Según Kriptópolis, que ha elegido como eslogan para su campaña anti-LSSI "Vuelve a España la Inquisición", el anteproyecto se excede en su campo de aplicación (superando los límites de la Directiva de Comercio Electrónico que pretende transponer) y supone un grave retroceso en Internet para España, ya que condena al cierre a iniciativas sin suficientes recursos financieros para satisfacer sus requerimientos. Sin embargo, al cierre de esta edición, Carlos Sánchez Almeida y José Manuel Gómez, miembros de Kriptópolis que figuraban en la lista anti-LSSI que ellos mismos habían creado, han dado a conocer su sorprendente decisión de darse de baja en la misma por "razones de operatividad" para concentrar sus fuerzas en otras actividades de lucha contra esta ley desde la web de Kriptópolis.
A raíz de esta polémica el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha celebrado dos reuniones con organizaciones contrarias al anteproyecto. Una de ellas, con la presencia de representantes de la AI y Kriptópolis, tuvo lugar el 17 de mayo y la más reciente, celebrada el 12 de junio, en la que la AI, Rogelio Turrado, defensor del internauta, y Pedro Tur, miembro de iurislex.org, presentaron una propuesta alternativa a esta ley. Tras estas conversaciones el Ministerio se ha comprometido a cumplir los siguientes puntos:
1. Asegurar la necesidad de intervención de la autoridad judicial cuando se afecten derechos fundamentales y libertades públicas constitucionalmente protegidos.
2. Aplicación de la LSSI sólo a Internet comercial.
3. Estudio de las sanciones descritas en el anteproyecto, teniendo en cuenta el volumen de facturación del sitio web.
4. Mantenimiento de la actual prohibición del spam.

El controvertido spam
La prohibición del spam en la última versión del anteproyecto de la LSSI no ha dejado contenta a la AECE (Asociación Española de Comercio Electrónico), que se ha reunido recientemente con representantes del Ministerio de Ciencia y Tecnología con la intención de que se autorice con los límites incluidos en versiones anteriores del anteproyecto. Aunque esta asociación no aprueba el correo "basura", demanda que se regule el envío de información publicitaria por Internet, ya que si se mantiene la actual prohibición del spam en la LSSI, el sector español en Internet se encontraría en desventaja con respecto al de otros países en los que no existe esta limitación, pudiendo empresas extranjeras enviar mensajes publicitarios no solicitados a internautas españoles.

La oposición, también en contra
En el ámbito político, el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento del Senado, Félix Lavilla, ha declarado a PC World que el conjunto del anteproyecto está fuera de la Constitución, por lo que espera que no llegue así al Parlamento: "la persecución del delito en Internet no va en contra de la libertad de expresión". La posible inconstitucionalidad del anteproyecto se centra en artículos como el 8 y el 11, que dejan en manos de "las autoridades competentes" (concepto ambiguo que, según Lavilla, abre la posibilidad a la actuación de la Administración) y conforme a "los procedimientos administrativos legalmente establecidos" la facultad de interrumpir la prestación de un servicio de la sociedad de la información, es decir, clausurar una web. El senador socialista opina que estos apartados son contrarios a lo recogido en el artículo 20 de la Constitución sobre la libertad a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra o "cualquier medio de reproducción", así como garantizar "comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".

Impacto internacional
Además de iniciativas nacionales en contra como "Movimiento por una Internet libre" (www. elistas.net/lista/lssi) que ha impulsado, por ejemplo, el envío masivo a medios de comunicación de mensajes de queja con el DNI del autor, se han producido reacciones a nivel internacional como la de la Asociación de Periodistas Digitales (API), que califica el espíritu del texto como de "un increíble autoritarismo regulador sobre las libertades individuales". Por su parte, la revista "Wired" califica el anteproyecto de "regreso de la Inquisición en España".
Asimismo, la organización CPSR (Computer Prof

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