| Artículos | 01 MAR 2004

Hispalinux iniciará acciones legales para defender el software libre

Tags: Histórico
Defiende que el software libre responde al interés público y que la Administración no lo aplica
Alfonso H. Marín.
El software libre ya no es una alternativa, sino un producto consolidado que tiene en jaque a las grandes compañías de software propietario. Ahora también a la Administración.

La defensa del software libre ha trascendido más allá de los desarrollos tecnológicos que conlleva y de hacerse un sitio en un mercado dominado por las soluciones propietarias.
Tras 7 años de congresos de usuarios, conversaciones con las entidades públicas, conferencias, cursos de formación, más de 7.000 socios y numerosas campañas de promoción, Hispalinux ha decidido lanzar un órdago a la Administración, denunciando la supuesta inconstitucionalidad del actual sistema de licencias propietarias que utilizan las administraciones públicas en sus sistemas informáticos. Según el vicepresidente de la asociación, Roberto Santos, “Hispalinux está dispuesto a tomar acciones legales frente a quienes violan la legislación vigente en detrimento del software libre”. Esas acciones legales se encuentran en curso de producirse, al cierre de este número.
Según se desprende de los estudios realizados por los servicios jurídicos de Hispalinux, las actuales licencias de software que utilizan las administraciones públicas incumplen una serie de puntos recogidos en el ordenamiento jurídico español.
En primer lugar, Hispalinux denuncia que la Administración no cumple el principio de interés general cuando implementa sistemas telemáticos no accesibles para todos los ciudadanos. Asimismo, el sistema de licencias de software que la Administración contrata (EULA), “prohíbe la interoperativilidad con otro software y su modificación”, aspecto que vulnera, según Hispalinux, las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual por la cual los programas de ordenador no son invenciones ni se consideran patentables.
En tercer lugar, el tipo de software que Microsoft y otras empresas ofrecen a la Administración Pública no garantiza la transparencia de la actuación administrativa. Las denuncias aluden a que el software de estas plataformas no da garantías de seguridad sobre los datos de los ciudadanos, ya que al desconocerse su código fuente no es posible comprobar los registros que generan esos datos personales. También se acusa a esta plataforma de impedir verificar la autenticidad, confidencialidad, integridad y conservación de la información al tratarse de códigos fuentes secretos.

Contratos irregulares
Uno de los principales argumentos en contra de que la Administración utilice estas plataformas es el de la naturaleza de los contratos de licencias. Según Hispalinux, los contratos de suministro informático que realiza la Administración incumplen la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (LCAP), que establece los principios de “publicidad y concurrencia” en los contratos que realicen. Para Hispalinux, no se están dando las condiciones legales para que la Administración realice contratos de suministro de equipos y sistemas de telecomunicaciones, ya que vulneran el principio de imparcialidad. El procedimiento que existe para adjudicar contratos públicos superiores a 4 millones de PTA (24.000 euros) es el del concurso público, pero Hispalinux afirma que estos a menudo están supeditados a la exigencia previa de que los proyectos utilicen una plataforma concreta, en perjuicio de otras como el software libre, asociadas a un menor coste de dependencia tecnológica y a una interoperativilidad con otras plataformas, según la asociación.
De estas conclusiones, Hispalinux desprende que los contratos de la administración en materia de suministro de software no son lícitos al no ajustarse a la LCAP, y por tanto serían nulos. Más aún, esta práctica sería una perturbación de la competencia al imponer también a los ciudadanos la obligación de utilizar estas plataformas de software como sistema único de comunicación vía electrónica con los administrados, como sucede en el caso de la certificación telemática con la Seguridad Social. En tal caso, Hispalinux afirma que se estaría imponiendo un monopolio desde la propia Administración Pública.
La Junta Directiva de Hispalinux ha recogido en un artículo titulado “Terrorismo Informativo sobre el Software Libre” este conjunto de denuncias, que también ha sido publicado en el Boletic de Microsoft Ibérica. Para el vicepresidente de Hispalinux, Roberto Santos, la responsabilidad de esta supuesta ilegalidad recae en la Administración, no en Microsoft. “Siempre hemos pensado que el problema es el desconocimiento de la Administración. La prueba es que existen casos evidentes como el de la Junta de Extremadura que se decanta por el uso de estas plataformas. Cuando las administraciones eligen las otras opciones es porque tienen un interés”, afirma Santos.
Para el responsable de Administración Pública y Sociedad de la Información de Microsoft en España, Luis Martín, las denuncias de Hispalinux “constituyen un intento de limitar la capacidad de elección de los usuarios y las administraciones”, que optan por estas plataformas porque son las que ofrecen mejor tecnología y más competencia entre sus partners. “Son los usuarios los que respaldan a Microsoft, y lo que están intentando desde Hispalinux es intentar conseguir por la vía legislativa lo que no pueden por la vía de la competitividad”, añade Martín.

Intereses económicos
Tanto Hispalinux como Microsoft ven intereses económicos en unos y otros. Para Microsoft, Hispalinux intenta conseguir el favor del mayor contratador de software del Estado, que es la Administración. Para los defensores del código libre, Microsoft lleva demasiado tiempo monopolizando las infraestructuras tecnológicas como para que la Administración también se decante de manera oficiosa por sus plataformas.

Proposiciones rechazadas
El 24 de mayo de 2002 se votó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley del Grupo Mixto sobre medidas para la implantación del software libre en la Administración del Estado. La proposición se rechazó por 116 votos a favor, 154 en contra, y 17 abstenciones. Desde entonces, no se ha producido ningún otro intento de legislación oficial a nivel parlamentario para regular el uso del software libre en las administraciones públicas, aunque sí a nivel autonómico (en el País Vasco).
La denuncia de Hispalinux hacia la Administración se produce en un momento político decisivo previo a las elecciones generales de marzo, un factor que convierte la defensa del software de código libre en una cuestión de orden social más allá de lo estrictamente tecnológico.


El conocimiento hace libre al software
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La asociación Hispalinux lleva varios años promoviendo e informando sobre el uso del software libre entre usuarios, empresas y administraciones públicas, como herramienta de software no ligada a una única plataforma de desarrollo de código. En palabras de David A. Wheeler, experto en Linux y autor de varios manuales al respecto, “los programas abiertos tienen una licencia que concede a sus usuarios la libertad de hacerlos funcionar como quieran, modificarlos, copiarlos o dárselos a quien quieran, sin coste adicional. Cuando se usa el término “código abierto” (open source), se hace hin

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