| Artículos | 01 JUL 2003

Firma electrónica: queda mucho por hacer (I)

Tags: Histórico
Iniciativas y proyectos de Administración Electrónica
Piedad Bullón.
Las Tecnologías de la Información aplicadas a las Administraciones Públicas han dado lugar a lo que se conoce como Administración Electrónica -a veces e-administración-, concepto que propone un acercamiento de las instituciones al ciudadano por vía telemática. Esa evolución se encuentra en un punto de no retorno tras la aprobación del proyecto de ley de Firma Electrónica, imprescindible para que esa intención se materialice.

A juzgar por sus manifestaciones, tanto la Administración General del Estado (AGE) como las Comunidades Autónomas y varios grandes ayuntamientos apuestan fuerte por la Administración Electrónica. Se anuncian grandes proyectos, aunque en pocos casos se conoce el monto real de los presupuestos asignados. El denominador común de esos proyectos es la mejora de la eficacia en la prestación de servicios a los ciudadanos.
Nadie del Gobierno quiere que le recuerden el Plan Info XXI, pero ya entonces se hablaba de líneas de colaboración con las CCAA para establecer una red de puntos de acceso público a Internet, promover los servicios de la Sociedad de la Información en la Sanidad y en las AAPP, y lanzar programas de Ciudades Digitales Integradas. A la vista de los magros resultados obtenidos, este año se ha aprobado un Plan de Choque, cuyo objetivo es impulsar la Administración Electrónica. Ha sido estructurado en cuatro grandes ejes de actuación, que recogen 19 medidas a materializar durante los próximos dos años. El eje de las CCAA está pensado para facilitar el intercambio de información entre distintos niveles de las AAPP: intercambio de certificados telemáticos, portal de servicios para las entidades locales, integración de la comunicación interna, etc. Una de las medidas fundamentales, que deberá estar implantada el 1 de marzo de 2004, es la sustitución de los certificados en soporte papel por los electrónicos.
Esta es, por otra parte, una orientación que viene marcada por el programa e-Europa 2005, intento de corregir el rumbo tras los modestos frutos obtenidos en la versión 2002. Con una diferencia: el e-commerce, prioridad absoluta hasta el año pasado, ha cedido la primacía al e-government, expresión que en nuestro país se ha traducido sensatamente como Administración Electrónica.
Casi todas estas iniciativas dependen de la futura ley de Firma Electrónica, cuyo texto fue aprobado a principios de junio por el Consejo de Ministros y que se espera pase el trámite parlamentario antes del final de la legislatura. El proyecto de ley persigue promover el uso generalizado de la firma electrónica como instrumento para generar confianza en las comunicaciones telemáticas, proporcionando seguridad a los ciudadanos y empresas. Aunque la firma electrónica ya está funcionando en la vida real -la Agencia Tributaria exige el certificado de firma electrónica para realizar la declaración de la renta y otros trámites a través de Internet- lo cierto es que la ley vigente, de 1999, no es un buen instrumento para que prosperen las iniciativas tendentes a crear nuevos canales de relación entre Administración y administrados.
La Agencia Tributaria [www.aeat.es] es sin duda un ejemplo a seguir, pero un ejemplo relativo porque, como es notorio, se trata de un organismo recaudador y, como tal, disfruta de una capacidad de inversión tecnológica que no pueden permitirse otros órganos de las AAPP cuyo papel esencial es el gasto. No hay barreras tecnológicas para que la Administración Electrónica sea una realidad. Hay acuerdo general en decir que la clave para el despegue está en la firma electrónica, porque la inmensa mayoría de las gestiones de ciudadanos y empresas ante las AAPP requieren el acompañamiento de una documentación, comúnmente un certificado, que con frecuencia es emitido en otro nivel administrativo, cuya firma ha de ser acreditada en una cascada de trámites burocráticos.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) ha puesto en marcha el Proyecto Ceres, para el desarrollo de aplicaciones de la firma electrónica en colaboración con las CCAA. Muchas se han adherido a ese proyecto, otras lo harán en breve. Hay autonomías dispuestas a asumir la condición de autoridades certificadoras, otras se lo están pensando.
En un estado fuertemente descentralizado y desigual, como es España, la transferencia de competencias a las CCAA, a las Diputaciones Provinciales e incluso a los ayuntamientos, agrava ese problema. Con motivo de la aprobación del proyecto de ley de firma electrónica, PC World ha creído oportuno trazar un inventario de proyectos, iniciativas y realizaciones, a escala autonómica, en el campo de la Administración Electrónica. Todas las CCAA cuentan, como es obvio, con sus propios portales de información al ciudadano, pero la evolución hacia la prestación de servicios telemáticos es tímida en casi todos los casos. Algunas, eso sí, han hecho sus pinitos en el uso de Internet para recaudar tributos. Pero pocos son los elementos comunes. Una buena vara de medir el estado de la cuestión puede consistir en averiguar cómo se las ha apañado cada autonomía para implantar, a su manera, lo que un día podrá llamarse Administración Electrónica. Bajo este prisma, a continuación se analizan -en dos capítulos- los pormenores de quince de las diecisiete comunidades autónomas.

Andalucía: aún falta interactividad
Recientemente, la Junta de Andalucía ha renovado de pies a cabeza su portal en Internet [www.andaluciajunta.es], un gesto que ha implicado mucho más que un cambio de imagen. Ha aumentado el volumen de información estática y empiezan a aplicarse grados crecientes de interactividad. Es parte de una estrategia aprobada en julio de 2002 que incluye proyectos de envergadura para mejorar la calidad de los servicios al ciudadano. Un punto esencial es la implantación de un sistema de clave pública (PKI, Public Key Infrastructure), mediante un acuerdo con la FNMT para adoptar los certificados electrónicos de ésta en todos sus procesos “sin perjuicio de otros certificados que puedan irse incorporando en el futuro”.
El siguiente paso en esa estrategia ha sido la creación de un Registro electrónico único de entrada y salida, para que los ciudadanos puedan acceder a los procedimientos que tramita la Junta, durante 24 horas los 365 días del año. La normativa enumera unos 30 procedimientos y 50 servicios cuya tramitación en línea deberá implantarse con carácter prioritario. De momento, la guía accesible desde el portal permite al usuario localizar cualquier procedimiento y descargar los formularios en formato PDF.
Pero mientras prosigue el desarrollo de la implantación online de los procedimientos de la administración, algunos servicios ya están operativos a partir del portal de la Junta, si bien con limitaciones. El más importante por su alcance social es el acceso al SAS (Servicio Andaluz de Salud) para solicitud de la tarjeta sanitaria y la libre elección de médico y centro de atención.
Más fáciles de abordar son la petición en línea de teleasistencia para personas mayores y la solicitud de licencia de caza y pesca. La complejidad reaparece cuando están en juego las funciones recaudatorias de la consejería de Economía y Hacienda. Para pagar tasas y tributos, así como el impuesto de transmisiones patrimoniales, se puede usar Inte

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