| Artículos | 01 ENE 2000

Firma electrónica en la práctica

Tags: Histórico

Tras la aprobación por el Gobierno ahora
se tramita como Proyecto de Ley

Lo que ya es una realidad en nuestro país, aún no está muy claro en la práctica. En el siguiente artículo le mostramos lo que podrá realizar con la firma electrónica, su validez real y los pasos que deberá seguir para conseguir una.


Número:
161    Página: 272

Miguel Recio Gayo
mrecio@pcw.idg.es

Tras la aprobación en el mes de septiembre por el Gobierno del Decreto Ley por el que se regula la firma electrónica y su posterior convalidación por el Congreso de los Diputados, se acordó su tramitación como Proyecto de Ley. La firma electrónica tiene por finalidad fomentar la confianza de los consumidores y de las empresas en las transacciones realizadas a través de Internet y en el intercambio electrónico de información de forma segura.

La regulación aprobada por nuestro país es, en lo fundamental, un mero trasunto de lo dispuesto en la Posición Común aprobada por el Consejo el 28 de junio de 1999 y publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 27 de agosto. De esta manera nuestra legislación se adelanta a la normativa comunitaria que establecerá, a través de una Directiva, el marco común para la firma electrónica en los quince Estados miembros. Con esta medida se pretende evitar que surjan posibles problemas cuando se apruebe la Directiva, de lo contrario nos veríamos obligados a transponer la norma comunitaria.

Ante las diversas tecnologías y mecanismos de autenticación existentes se ha optado por la firma electrónica, la regulación comprende todas las formas posibles que de la misma existen y se centra en la firma electrónica empleada en redes abiertas, no regulando todas aquellas que se emplean en redes privadas.

Régimen jurídico
El ámbito de aplicación del Decreto Ley se extiende a los proveedores o prestadores de servicios establecidos en el territorio nacional. El objeto de esta norma es regular el uso de la firma electrónica, reconocer la eficacia jurídica de la misma y supervisar la prestación al público de los servicios de certificación.

Esto no supone una alteración del régimen jurídico de los actos y negocios jurídicos, ni sobre su formación, validez y eficacia. Tampoco afecta al régimen existentes sobre los fedatarios públicos ni de aquellas personas que intervienen para dar fe en los documentos, por ejemplo, los secretarios judiciales.

Para los prestadores de los servicios de certificación que se encuentren fuera del ámbito de la Unión Europea se establece un régimen de equivalencia de los certificados emitidos, se pretende posibilitar así la utilización mundial de la firma electrónica. Para que se produzca su equiparación a los certificados expedidos en España se establecen una serie de condiciones:

  • Que el prestador reúna los requisitos establecidos a nivel comunitario sobre firma electrónica y haya sido acreditado conforme a un sistema voluntario;
  • Que el certificado esté garantizado por un prestador de servicios establecido en la Unión Europea;
  • Que exista un acuerdo bilateral o multilateral que re

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