| Artículos | 01 JUL 2000

El spam inunda su ordenador

Tags: Histórico
El Anteproyecto de Ley sobre comercio electrónico prevé su utilización
Miguel Recio.
Muchas empresas han encontrado en Internet un medio indispensable para ofrecer sus productos y servicios. La posibilidad de ofrecer publicidad personalizada, en función de los gustos y necesidades de los usuarios, no puede suponer un menoscabo de la intimidad de la persona. Cuando se convierte en un abuso, esto se conoce como spam.

Internet supone para muchas empresas un nuevo medio para realizar publicidad de forma más rápida y barata, incluso con la posibilidad de obtener información sobre los gustos y preferencias de sus destinatarios. Por ello, es preciso recordar que muy al contrario de lo que pudiese pensarse, Internet no supone, ni puede suponer, un vacío jurídico.
Cualquier actividad que se lleve a cabo en la Red debe estar sujeta a las mismas reglas, si bien con características específicas que respondan a la especial naturaleza de este medio, a las que están sujetas todas aquellas actividades que se realizan fueran de la misma. La protección de la intimidad y de la vida privada cobra especial relevancia debido a la potencial agresión que supone la utilización de un medio que no conoce de fronteras temporales ni espaciales.
Todo ello nos conduce a afirmar la aplicabilidad de la legislación sobre protección de datos, tanto nacional como comunitaria, al uso de la red por las personas implicadas. No obstante, se hace precisa la elaboración de normas internacionales que protejan suficientemente la privacidad de la persona en la utilización de Internet.
Toda la legislación sobre protección de datos debe aplicarse, por tanto, a las actividades de publicidad, y en concreto al spam, entendiendo por tal cualquier comunicación -ya sea comercial o no- no solicitada. El desarrollo de actividades comerciales que estén sujetas a la legislación que protege los legítimos intereses de los consumidores no supone un freno sino, muy al contrario, es la base para fomentar la confianza de los usuarios en la utilización de Internet.
Un legítimo equilibrio entre los intereses de empresarios y consumidores lleva, de manera irrevocable, a un enriquecimiento del uso de las nuevas tecnologías. De esta manera, el consumidor podrá encontrar aquello que le interesa realmente, mientras que el anunciante podrá invertir en la tecnología más acorde con las necesidades de los destinatarios de sus productos y servicios.

Protección de la intimidad
Con el fin de llevar a cabo una campaña publicitaria o promocional en la Red, las empresas necesitan una amplia lista de direcciones de correo electrónico. Ello supone la necesidad de recabar en muchas ocasiones un dato de carácter personal, y por tanto deben tenerse en consideración las obligaciones que impone la normativa sobre protección de datos.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD) se entiende por dato de carácter personal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables, por lo que si la dirección de correo electrónico permite tal posibilidad, su recogida deberá adecuarse a lo dispuesto en la Ley.
Si bien la LOPD impone, como norma general y salvo que concurra alguna excepción prevista legalmente, la obligación de obtener el consentimiento inequívoco del afectado, muchas veces se incumple dicha obligación. Este incumplimiento supone que el tratamiento de tales datos sea ilícito, y por tanto sancionable.
En Internet, al igual que en los tratamientos off-line, los datos pueden obtenerse de varias maneras que no siempre son lícitas. Quien desee llevar a cabo actividades de publicidad puede obtener dichos datos del propio interesado cuando visite su página web; de terceros, comprando bases o alquilando bases de datos; e incluso, recopilando los datos de espacios públicos tales como chats o directorios, siempre que se observen los requisitos legales para realizar un tratamiento adecuado.
Para que el tratamiento de los datos con fines de publicidad a través de Internet sea lícito deben preverse las mismas obligaciones que si se estuviera fuera de la Red. A tal fin, debe informarse al afectado, entre otros extremos, de los fines determinados, explícitos y legítimos del tratamiento; de la existencia de un fichero; de la identidad del responsable del mismo; y de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
En cualquier caso, es necesario que el interesado sea consciente de que no siempre accede a sitios web que cumplen con estas obligaciones, bien porque la entidad no cumple con las mismas o porque se encuentra en un tercer país que carece de una legislación sobre protección de datos o dispone de una insuficiente. A tal fin, cobra especial importancia la publicación en la página de las políticas de privacidad y el suministro de información transparente sobre cómo se tratan los datos del interesado.

Comunicaciones comerciales
Las comunicaciones comerciales no solicitadas por correo electrónico suponen una actividad lícita siempre que se sujeten a las previsiones normativas que regulan dicha actividad. Es necesario tener en consideración que el spam puede suponer para el destinatario un menoscabo de su intimidad por un tratamiento de datos no consentido, por la recepción de mensajes publicitarios no deseados y por el coste de la conexión.
Actualmente existen algunas iniciativas con el objetivo de que los interesados permitan la recepción de este tipo de comunicaciones a cambio de una cantidad de dinero. Cada persona debe ser consciente de las garantías que se le ofrecen y ser coherente con su actuación.
Con el fin de conocer el marco normativo que permita el correcto desarrollo de dicha actividad, es necesario acudir a la posición común por la que se aprueba la Directiva sobre Comercio Electrónico (DOCE C 128, de 8 de mayo de 2000), próxima a su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas; y en nuestro país, al Anteproyecto de Ley de Comercio Electrónico. Todo ello, sin olvidar el resto de previsiones legislativas que regulan los aspectos de la actividad publicitaria.
En relación con la Directiva sobre Comercio Electrónico y con el Anteproyecto de Ley en España, que ha seguido en su elaboración los trabajos preparatorios de la Directiva, y que transpondrá a nuestro ordenamiento la misma, en ambos casos se regulan de manera específica las comunicaciones comerciales no solicitadas por correo electrónico.
A fin de que dicha actividad sea lícita, siempre que el país lo permita, el prestador de servicios de la sociedad de la información que lleve a cabo dicha acción deberá cumplir con una serie de obligaciones de información que se concretan en la necesidad de indicar claramente que el correo electrónico es una comunicación comercial, y por otra parte, de identificar a la persona física o jurídica en nombre de la cual se realiza la campaña publicitaria.
Asimismo, y en virtud de lo dispuesto por la Directiva comunitaria, a fin de evitar que las personas reciban comunicaciones comerciales no solicitadas, los Estados miembros deberán establecer listas de exclusión voluntaria (“opt-out”) en las que se podrán inscribir las personas físicas que no deseen este tipo de correos.
Al mismo tiempo, los Estados deberán adoptar las medidas necesarias tendentes a garantizar que los prestadores de servicios que realicen comunicaciones comerciales consulten regularmente las listas de

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