| Artículos | 01 NOV 2003

El canon sobre los CD y DVD vírgenes puede ser anticonstitucional

Tags: Histórico
Alfonso H. Marín.
Un abogado ha denunciado ante el Tribunal de defensa de la Competencia el canon con el que la SGAE grava los CD y DVD desde el pasado 1 de septiembre.

El pasado día 30 de julio la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC) suscribió un acuerdo con seis entidades de gestión de derechos de autor: AIE (Artistas Intérpretes o Ejecutantes), AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual), SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), DAMA y CEDRO. Con este acuerdo, alcanzado después de más de 20 meses de negociación, se estableció el cobro de un canon para los soportes CD-ROM y DVD, dirigido a compensar los derechos de propiedad intelectual que los artistas dejan de percibir cuando los consumidores realizan copias privadas. Quedan excluidas de este entorno, por tanto, las copias masivas y piratas que se comercializan ilegalmente, y que forman parte de otro tipo de regulación.
La polémica ha envuelto esta decisión, que ha comenzado a ser efectiva desde el pasado 1 de septiembre, si bien algunas sentencias judiciales habían fallado ya anteriormente teniendo en cuenta la Ley de Propiedad Intelectual, que es donde se regulan los derechos de explotación de las obras artísticas y la que establece esta compensación. Este fue el caso de Traxdata en el año 2002, en el que el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona obligó a la empresa productora de CD vírgenes al pago de un canon a la SGAE por cada CD-R de datos que había fabricado desde 1997, y a “permitir a la SGAE el control de las operaciones sometidas a la remuneración por copia privada”.

Derecho de autor
Según el artículo 25 de la LPI, creada en 1987 y refundida en 1996, los autores tienen el derecho irrenunciable a cobrar una “remuneración equitativa y única” por la copia privada de sus obras, la cual se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. La ley no especifica quiénes son estas entidades, pero a efectos prácticos y haciéndose efectivo el acuerdo del pasado 30 de julio, este papel recae en la SGAE.
Para ASIMELEC, la entidad representante de las empresas distribuidoras de CD-R y DVD-R, la cuestión se remonta a Ley de Propiedad Intelectual del año 1987, en la que se reconocía el principio de la remuneración compensatoria por copia privada, pero referido a productos y soportes analógicos. Con la aparición de los soportes digitales (CD y DVD) se creó una gran confusión sobre la aplicación de la citada ley. ASIMELEC defiende que no todos los soportes digitales copian material protegido, y muchos se utilizan para aplicaciones profesionales como copias de seguridad, almacenamiento de información, etc., y que por tanto no deberían pagar ninguna compensación. Sin embargo, cada vez más empresas del sector informático estaban siendo demandadas y sentenciadas utilizando el principio del pago, y además con carácter retroactivo en algunos casos, por lo que ante el riesgo que más asociados fueran demandados, “iniciamos unas negociaciones con las entidades de gestión que han culminado en un acuerdo de aplicación pacífica de la norma”.
De esta forma, ASIMELEC se comprometía a efectuar el cobro del canon a los distribuidores (y por consiguiente también a los consumidores), a cambio de que sólo se exigiera este canon por los CD-R y DVD-R vendidos a partir del 1 de septiembre de este año.

Primera denuncia
Un día antes de que entrase en vigor el canon, el 30 de agosto, se interpuso la primera denuncia en el Tribunal de Defensa de la Competencia contra la SGAE y ASIMELEC por el pacto al que habían llegado un mes antes. La denuncia planteaba que desde el año 2000 todos los juicios en España son grabados en CD-ROM, que luego son utilizados por los abogados para revisar el juicio o preparar recursos. Permitir que dichos CD-ROM queden sujetos a un canon gestionado por un organismo público implica reconocer que los artistas también percibirán derechos derivados de la grabación de los juicios que se celebran en este país.
El responsable de esta impugnación es el abogado Javier de la Cueva. La denuncia se basa en las disposiciones de la Ley 16/1989 de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, que en su artículo 1.1 a) prohibe “la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio” y en su artículo 6.2 a) prohíbe el abuso de posición dominante que consista en “la imposición de forma directa o indirecta, de precios y otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos”.
De la Cueva considera que el artículo 25 de la LPI es anticonstitucional, ya que vincula un derecho de fiscalización a un organismo público como es la SGAE, cuando según la Constitución el único órgano con poder para fiscalizar las actuaciones de los organismos públicos es el Tribunal de Cuentas. “Introducir a las entidades de gestión como poseedoras del derecho de fiscalización es un exceso no permitido legalmente”, afirma De la Cueva. Esta capacidad de retribución compensatoria que ostenta la SGAE se refleja en el artículo 25 de la LPI: “En el supuesto (...) de impago de la remuneración, la entidad o entidades de gestión, (...) podrán solicitar del tribunal la adopción de las medidas cautelares procedentes conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento civil, y en concreto al embargo de los correspondientes equipos, aparatos y materiales”.
De la Cueva afirma que la legislación hace que los derechos de los autores sean mejor valorados que los derechos de las mujeres maltratadas. “Los demás afectados por delitos habituales (mujeres maltratadas, joyeros, turistas) sólo pueden resarcirse de sus perjuicios reclamando al delincuente, lo que en la práctica hace ineficaz su reclamación. Los derechos de los autores, cuando son transgredidos por los delitos, sólo son equivalentes en nuestra legislación a los derechos de las víctimas del terrorismo, único otro colectivo al que el Estado le compensa ex lege por los delitos cometidos contra ellos”.

Canon con software libre
Los notarios y los registradores de la propiedad, al realizar copias de seguridad de sus notarías; las universidades, al repartir los temarios y programas de estudios en formato CD-ROM; las escuelas públicas e institutos, toda actividad científica e investigadora que guarda datos en soporte digital, está sometida al canon. También las Juntas de Extremadura y Andalucía, en la distribución de CD-ROM con software libre de LinEx, por ejemplo. “Y lo más grave, quien está sometido a la remuneración por copia privada está sometido a la fiscalización de las entidades de gestión”, añade De la Cueva.
Por si fuera poco, el impacto económico que supone este canon supone un incremento del coste de muchos sectores, entre ellos la Justicia. De las más de 973.000 vistas civiles que se han celebrado en España en 2002, más de la mitad se grabaron en CD-ROM, lo que supone que el Ministerio y las Comunidades Autónomas con competencias de Justicia deberán abonar unos 90.000 euros a la SGAE (a 0,17 euros por CD).
De la Cueva ha elevado su denuncia al Tribunal de Defensa de la Competencia, que está investigando los hechos. El Consejo

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